Lo imperdonable de la legendaria brecha existente entre la península de La Guajira y el resto del país, es que, parece que todos los gobiernos la han convertido en paisaje y de colchón electoral, en donde la pobreza ha llevado a su gente, a canjear la oportunidad de generar cambios en los sistemas de Gobierno, vendiendo su derecho a votar por dádivas que aumentan el dolor que produce el abandono.
La Guajira es el nicho en donde la desigualdad colombiana se revela sin maquillaje. Mientras el país avanza —con ritmos desiguales, pero visibles— en infraestructura, salud, educación y servicios públicos, este Departamento sigue atrapado en una brecha que parece no cerrarse nunca.
Lo triste es que las cifras son conocidas. Los diagnósticos existen. Las promesas abundan, pero son utilizadas en temporadas electorales para levantar las esperanzas de estos pueblos. Lo que falta, una y otra vez, es la ejecución sostenida y estructural que pueda equiparar a La Guajira con el resto del país.
La primera grieta es la pobreza multidimensional, que en municipios como Uribia, Manaure o Maicao dobla o triplica el promedio nacional.
A diferencia de otras regiones con avances sectoriales, en La Guajira las dimensiones de salud, educación, vivienda y acceso a servicios básicos convergen en un mismo círculo de vulnerabilidad.
Lamentablemente la infancia es la principal víctima: las muertes por desnutrición, que deberían ser una tragedia imposible en pleno siglo XXI, siguen registrándose año tras año. Extrañamente, los casos de desnutrición han desaparecido de las frías estadísticas que organizan en las frías oficinas de Bogotá; pero lo que no desaparecen son las lágrimas que derraman a cántaros las madres que lloran cuando no tienen nada que servirle a la mesa para que sus hijos coman, y peor aún, cuando los menores mueren de física hambre.
El acceso al agua potable es quizá el indicador más doloroso de esta brecha. Mientras en buena parte del país la cobertura supera ampliamente el 90 %, en La Guajira miles de familias continúan dependiendo de jagüeyes, carrotanques o agua salobre. La infraestructura estatal es insuficiente, los acueductos veredales están deteriorados y la operación del sistema del río Ranchería sigue lejos de beneficiar a quienes más lo necesitan.
Los usuarios de los sistemas de salud que prestan los hospitales estatales de mediana y alta complejidad y la educación registran preocupantes niveles de fallas, que no son investigadas.
Cerrar esta brecha no requiere un nuevo diagnóstico. Solo se necesita continuidad, inversión real, respeto cultural y decisiones técnicas basadas en evidencia. La Guajira no puede seguir esperando. Colombia no puede seguir permitiendo que un Departamento entero viva en condiciones propias de otro siglo.