Recientemente el diputado Luis Lobo, denunció cómo al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional de La Guajira, se cobraba de forma irregular a organizaciones para tramitarles de manera anticipada la contratación.
El tema se visibiliza cuando la propia institución en un comunicado a la opinión pública, informó que previo a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, la plataforma Secop II presentó fallas técnicas e intermitencias constantes que impidieron el cargo oportuno de algunos procesos contractuales necesarios para garantizar la atención integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias.
Esa situación, que generó muchas incomodidades, fue motivo suficiente para que se conociera de ciertas irregularidades por parte, al parecer, de un funcionario de la propia institución.
En su momento el Icbf, reiteró que todos sus procesos contractuales, trámites y servicios se desarrollan bajo criterios estrictos de transparencia, responsabilidad y acceso a la información, garantizando que cada actuación esté debidamente registrada, publicada y disponible para la ciudadanía y los entes de control.
La propia entidad recordó que todos los trámites y servicios son completamente gratuitos. Ningún funcionario, contratista o tercero está autorizado para exigir pagos, dádivas o beneficios a cambio de atención, cupos o gestiones de cualquier tipo.
Sería entonces importante que desde la dirección nacional, se informe qué acciones siguieron frente a la denuncia pública del diputado, y el funcionario que al parecer puede estar involucrado en la situación.
Se trata de una denuncia delicada que responde a un típico caso de extorsión, que con valentía denunciaron los afectados a pesar del miedo por las repercusiones que puedan derivarse.
Por ello, la directora nacional, Astrid Cáceres, está en la obligación de informar a la ciudadanía de esas primeras decisiones y de qué forma están afrontando para garantizar los procesos contractuales que no lograron cargar en la plataforma Secop II.
El silencio no es bueno en estos casos, especialmente cuando la institución reitera que todos los procesos contractuales se desarrollan bajo criterios estrictos de transparencia, por eso la ciudadanía sigue esperando una respuesta.
