En 1973, por fin Colombia, se asomó al boom del uso de gas natural, como se hacía en otros países. Su entrada fue La Guajira, tras el descubrimiento de yacimientos en el denominado Campo Ballenas, que abrió paso a la construcción de la estación en El Pájaro.
Desde esa época también se inició un capítulo especial para las discusiones y los debates, mientras se construía el gasoducto Riohacha – Barranquilla, el primero en el país.
El margen de conocimiento sobre el tema era exclusivo de pocas personas en la región, entre ellos, el joven Amilkar Acosta Medina, quien años después se convirtiera en ministro de minas y energías. Llevamos más de 50 años de discusiones. El tema se alarga, especialmente en lo relacionado con la inversión social y la ejecución de obras. Llegamos al máximo clímax sin acuerdos, lo que tiene al borde del cierre las operaciones de extracción y bombeo de gas hacia el norte y centro de Colombia.
La vieja discusión en donde las empresas explotadoras sostienen que, la responsabilidad en la ejecución de proyectos sociales y de servicios públicos, es una obligación estatal, debe ser aclarada con seriedad y respeto a las comunidades ancestrales.
La gente se siente olvidada. A El Pájaro, el servicio del gas llegó hace poco, pese a ser los productores. El servicio de agua y alcantarillado no existe formalmente. La carretera fue pavimentada recientemente.
El conflicto ahora se ha agudizado. Ecopetrol y Hocol, empresas asociadas mediante una concesión estatal, son los dueños del 53% y 47% de la producción. Las dos, pusieron el grito en el cielo. Desde el 3 de noviembre pasado, sus vías de acceso se encuentran controladas por la comunidad de Carrapiñapule, quienes impiden el paso de vehículos que transportan el personal, alimentos, agua potable e insumos para la operación de la estación Ballenas.
La situación es tan grave, que se han comenzado a aplicar los protocolos para garantizar la seguridad de 26 trabajadores. Frente a este tema, las empresas asociadas han advertido que las operaciones de producción y bombeo de gas a través de los gasoductos del Caribe y centro del país, podría suspenderse debido a la falta de insumos para su funcionamiento.
La agudización del conflicto se presenta en el momento en que Colombia vive tiempos difíciles. De ser exportadores hacia Venezuela, a través del gasoducto Antonio Ricaurte, ahora importamos y regasificamos en una planta privada de la isla Barú, para cumplir las exigencias de los industriales del Caribe.
La comunidad asegura que no se les tiene en cuenta. La mano de obra calificada y no calificada, llega desde otras regiones. Esto parece haber rebosado la copa a los nativos, que exigen su derecho al trabajo digno.