La comunidad de Albania asumió una posición firme frente al bloqueo de la línea férrea liderado por integrantes de comunidades afrodescendientes del sector Hosco. Los habitantes exigieron el despeje de la vía, argumentando que la paralización de la operación está generando graves consecuencias para miles de familias que dependen directa e indirectamente de Cerrejón. Finalmente, los manifestantes levantaron el bloqueo, aunque permanecen en la zona a la espera de los resultados de una mesa de diálogo programada para este 4 de junio.
Cerrejón no siente el respaldo estatal. Las cifras revelan la magnitud del problema y se convierten en prueba fundamental del abandono del Estado. De acuerdo con los datos conocidos, en 2024 se registraron 333 bloqueos relacionados con la operación minera. En 2025 la cifra alcanzó 201 bloqueos y en lo corrido de 2026 ya se contabilizan 80 interrupciones. Solo durante mayo de este año, Cerrejón reportó más de 18 días de operaciones paralizadas. A ello se suman los atentados contra la infraestructura: nueve durante 2025 y cuatro en lo que va de 2026.
Estos números reflejan una preocupante combinación de conflictividad social e inseguridad que termina golpeando la estabilidad económica del departamento. La incertidumbre es aún mayor para más de 12 mil trabajadores directos e indirectos que hoy observan con preocupación el desarrollo de los acontecimientos y las decisiones que adopte la empresa frente a la continuidad de sus operaciones.
La Cámara de Comercio de La Guajira pidió soluciones de fondo. El gremio respaldó la exigencia de garantías de seguridad para la operación y pidió que las partes involucradas avancen hacia diálogos genuinos, transparentes y efectivos. La entidad considera que la confrontación permanente no beneficia a nadie y que el departamento requiere estabilidad para preservar el empleo, la inversión y los ingresos públicos.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre el legítimo derecho de las comunidades a reclamar atención a sus necesidades y el derecho de miles de familias a conservar su sustento. La protesta es un mecanismo democrático, pero cuando se prolonga indefinidamente y paraliza sectores estratégicos, las consecuencias terminan alcanzando a toda la sociedad.
Además, se requiere aclarar las competencias del sector privado y lo público. Cerrejón no puede cargar con el pesado maletín de incumplimientos de los gobiernos. No puede solucionar los cupos laborales para los egresados de las universidades.
La reunión prevista para el 4 de junio representa una oportunidad decisiva. La Guajira necesita acuerdos serios, verificables y duraderos. Lo que está en juego trasciende un conflicto puntual: se trata de la estabilidad económica de una región que aún enfrenta enormes desafíos sociales y que no puede darse el lujo de profundizar una crisis que amenaza el empleo, la inversión y el bienestar de miles de hogares guajiros.
