Dentro de un par de meses, el departamento de La Guajira cumplirá 61 años de vida administrativa. Somos una región sexagenaria, pero vivimos de espalda a nuestra realidad. Hoy, lentamente desde Bogotá, nos están hilvanando conceptos de autonomía territorial que, sin darnos cuenta, se están convirtiendo en sinónimo de fragmentación social y cambio brusco de nuestro mapa social.
El debate alrededor de las Etis de la Alta Guajira y la Sierra Nevada, la consolidación de la denominada Línea Negra, la conversión de cerca del 80% del territorio de ocho municipios en zona Appa, y la creciente ocupación de hecho de sectores estratégicos por parte de grupos armados ilegales, configuran un escenario que obliga a una reflexión profunda sobre el futuro administrativo, político y social de este Departamento fronterizo.
No se trata de desconocer los derechos históricos de los pueblos indígenas ni de deslegitimar sus aspiraciones de autonomía. Colombia, como Estado pluriétnico y multicultural, tiene una deuda histórica con estas comunidades, particularmente con el pueblo wayuú, que durante décadas ha reclamado mayor reconocimiento, participación y capacidad de decisión sobre sus territorios ancestrales. Ese reclamo es legítimo y está protegido por la Constitución.
Sin embargo, toda autonomía debe ejercerse dentro de los límites del orden constitucional. La descentralización y el reconocimiento étnico no pueden convertirse en herramientas para fracturar la estructura territorial del Estado ni para generar vacíos institucionales que terminen siendo aprovechados por actores al margen de la Ley. El respeto por la diversidad no puede traducirse en incertidumbre jurídica, ni mucho menos en una reconfiguración silenciosa del mapa administrativo de La Guajira.
Lo más preocupante es que muchas de estas decisiones, de enorme trascendencia para el Departamento, no han sido suficientemente socializadas con la ciudadanía. La falta de pedagogía institucional, de debates públicos amplios y de escenarios reales de concertación ha dejado a buena parte de la sociedad guajira al margen de discusiones que comprometen su presente y su futuro.
Más grave aún resulta el hecho de que, en algunas zonas, la imposición territorial no proviene exclusivamente de decisiones administrativas o jurídicas, sino de la presión ejercida por grupos armados que han venido ocupando espacios de poder y control, alterando la vida cotidiana de las comunidades y condicionando dinámicas sociales, económicas y políticas.
La Guajira parece hoy sitiada, atrapada en una especie de campo minado donde cualquier paso en falso podría desencadenar una peligrosa estampida institucional y social.
Es momento de que el Gobierno nacional, las autoridades departamentales, las comunidades indígenas, los gremios, la academia y la sociedad civil se sienten a dialogar con franqueza.
La Guajira necesita certezas, consensos y gobernabilidad. El futuro del Departamento no puede definirse entre silencios administrativos ni bajo la sombra de las armas.
