A una semana de terminar su período de gobierno de cuatro años, el presidente Gustavo Petro, a través del Instituto Nacional de Vías, decidió asignar recursos importantes a través de un documento Conpes para invertir en las vías de los municipios de Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure, en cumplimiento de la Sentencia T 302 de 2017.
Se trata de una inversión histórica de 3,5 billones de pesos entre el 2026 y 2035 para transformar la conectividad de las comunidades wayuú en La Guajira.
En el documento se determina que los recursos se invertirán en 60 kilómetros de vías regionales, la elaboración de estudios y diseños y la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la movilidad en los municipios ya citados contribuyendo a reducir las brechas de acceso a servicios esenciales como salud, educación, agua potable y oportunidades de desarrollo económico para miles de familias wayuú.
En la ejecución de los recursos se destacan obras estratégicas como la conexión a la Alta Guajira, con una inversión cercana a los $ 295.000 millones con vigencia hasta el 2030 que mejorará la movilidad entre Uribia, Cabo de la Vela y San Martín, proyecto que actualmente registra un avance de un 42,5% representado en 28,7 kilómetros de pavimento, un puente terminado y otro en ejecución.
Así mismo se invertirán $ 6.468 millones en pavimentación y un box coulvert en la vía Riohacha-Mayapo.
Sin embargo, llama la atención cómo se asignan cuantiosos recursos a una semana de terminar el actual mandato, lo que ha generado una serie de reacciones por parte del nuevo gobierno que asume este siete de agosto, el presidente electo Abelardo De la Espriella.
Las decisiones que se toman a la ligera terminan truncadas en el camino, generando reacciones adversas en un tema que es prioridad para las familias wayuu.
El tema planteado como está muy seguramente será objeto de todo tipo de análisis, y con muchas preguntas que seguramente no tendrán una respuesta a tiempo, cuando el objetivo es cerrar brechas históricas en el departamento a través de una infraestructura que conecte comunidades, fortalezca la presencia del estado, impulse el desarrollo económico y contribuya a garantizar los derechos de las comunidades wayuú y de todos los habitantes de La Guajira, como muy bien lo ha expresado la ministra de Transporte Mafe Rojas.
