El 14 de agosto podría convertirse en una fecha de alto contenido político para La Guajira. De acuerdo con la agenda anunciada por el nuevo presidente Abelardo De la Espriella, ese día se conocerán decisiones orientadas a desmontar algunas de las figuras territoriales impulsadas durante el Gobierno anterior. Más allá de la controversia nacional, la pregunta para los guajiros es sencilla: ¿qué dejaron realmente las ETI y las Appa y qué futuro le espera al territorio?
Hay que empezar por una precisión. Las ETI, Entidades Territoriales Indígenas, sí hacen parte del debate sobre la organización territorial y la autonomía de los pueblos indígenas. Las Appa, en cambio, son Áreas de Protección para la Producción de Alimentos: no son una entidad administrativa, sino una figura de ordenamiento territorial. En el sur de La Guajira fueron declaradas 79.961 hectáreas en ocho municipios: San Juan del Cesar, Fonseca, Distracción, El Molino, La Jagua del Pilar, Villanueva, Urumita y Barrancas.
El problema no está solamente en su existencia, sino en la manera como estas decisiones fueron explicadas, socializadas y aterrizadas en una región acostumbrada a recibir anuncios desde Bogotá que rara vez se convierten en soluciones visibles.
Las Appa nacieron con un propósito que, en principio, nadie debería rechazar: proteger tierras productivas y fortalecer la seguridad alimentaria. De hecho, el Gobierno informó que 17 entidades nacionales participarían en proyectos productivos, riego y formalización de tierras. Pero una política pública no puede medirse por el número de decretos, hectáreas delimitadas o entidades comprometidas. Se mide por resultados.
Y allí aparece la gran pregunta: ¿cuántos productores guajiros han visto transformada su realidad por las Appa? ¿Cuántos sistemas de riego funcionan mejor? ¿Cuántas hectáreas producen más alimentos? ¿Cuántas familias rurales tienen hoy mejores ingresos?
Con las ETI ocurre algo todavía más complejo. La autonomía indígena es un mandato constitucional y no puede confundirse con una decisión coyuntural de un Gobierno. La Constitución reconoce los territorios indígenas como entidades territoriales y les garantiza autonomía. Por eso, cualquier modificación deberá superar el debate político y respetar la Constitución, la consulta y los derechos de los pueblos indígenas.
La Guajira no necesita nuevas etiquetas territoriales si estas no vienen acompañadas de agua, vías, seguridad, salud, educación, productividad y oportunidades.
Si el nuevo Gobierno decide desmontar estas figuras, no debería hacerlo simplemente para borrar la huella de Petro. Debe explicar qué las reemplazará, cómo protegerá la producción de alimentos y cómo garantizará los derechos indígenas.
El verdadero desafío no es cambiar nombres ni decretos. Es demostrar que La Guajira puede dejar de ser laboratorio de decisiones nacionales y convertirse, finalmente, en protagonista de su propio desarrollo real.
