La decisión del presidente Gustavo Petro de liquidar al operador Air-e llega en medio de un ambiente de tensión política, económica y social. Más allá del anuncio oficial, la medida ha generado una profunda incertidumbre entre los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, quienes observan con preocupación un nuevo episodio en la larga historia de crisis del servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano.
En esta región, los ciudadanos parecen haberse acostumbrado al viejo esquema del ‘quítate tú para ponerme yo’, donde los cambios de operadores se presentan como soluciones definitivas, pero terminan reproduciendo los mismos problemas financieros, administrativos y operativos.
Desde finales de los años noventa, el Caribe inició una transformación de su sistema eléctrico con el propósito de superar la crisis de las antiguas electrificadoras departamentales. Surgieron entonces empresas como Electricaribe y Electrocosta, que posteriormente desaparecieron para dar paso a nuevos operadores. Sin embargo, los cambios de razón social nunca lograron resolver las dificultades estructurales que afectan al sector.
Han transcurrido casi tres décadas en las que diferentes compañías han administrado el servicio. Algunas registraron ganancias importantes; otras dejaron cuantiosas deudas. Mientras tanto, los usuarios han debido soportar tarifas cada vez más altas, interrupciones frecuentes y una permanente incertidumbre sobre el futuro de un servicio esencial para el desarrollo económico y social de la región.
La pregunta central sigue sin respuesta: ¿quién asumirá la gigantesca deuda acumulada por Air-e? Una parte importante de ese pasivo corresponde a obligaciones con las empresas generadoras de energía, especialmente las térmicas, además de compromisos financieros adquiridos durante la intervención estatal. Se trata de una deuda que asciende a varios billones de pesos.
La experiencia demuestra que las obligaciones no desaparecen cuando una empresa entra en liquidación. Alguien deberá pagar la cuenta. Si lo hace la Nación, serán todos los colombianos quienes asuman el costo mediante recursos públicos. Si se traslada al sistema eléctrico, terminarán pagando los usuarios a través de las tarifas. Y si no se encuentra una solución financiera viable, podría verse afectada la estabilidad de los generadores y la confiabilidad del sistema energético nacional.
El Gobierno ha planteado la posibilidad de crear una nueva empresa pública con participación regional para asumir la operación. Sin embargo, ello requerirá respaldo financiero, decisiones regulatorias y una gestión eficiente que garantice sostenibilidad en el tiempo.
La experiencia de Electricaribe dejó una lección que no debería ignorarse: cambiar de operador no significa resolver los problemas de fondo. La verdadera discusión debe centrarse en la sostenibilidad financiera, la reducción de pérdidas, la calidad del servicio y la capacidad de inversión.
Liquidar una empresa puede ser relativamente sencillo. Lo difícil es construir una solución duradera que permita al Caribe colombiano romper un ciclo de crisis que parece repetirse cada vez que cambia el nombre del operador, pero no las causas profundas de sus problemas.
