La visita del presidente Iván Duque Márquez a La Guajira, donde presidió un consejo de seguridad, dejó una gran incertidumbre porque sus declaraciones fueron las típicas respuestas de cajón.
En su alocución, el presidente simplemente ratificó el deber que le corresponde como servidor público de reforzar las capacidades de la fuerza pública para enfrentar el crimen organizado.
A decir verdad, se convirtió en una reunión más porque no informó, por ejemplo, con cuántos hombres se aumentaba el pie de fuerza para La Guajira, especialmente en los municipios de Riohacha y Maicao.
No dijo, por ejemplo, cuántos nuevos funcionarios para labores de inteligencia se asignarían a las dependencias de la Fiscalía en La Guajira ni cuántas nuevas cámaras de seguridad se instalarían en los municipios, ni cuántas nuevas herramientas tecnológicas se entregarían a la Fuerza Pública para el trabajo diario que tiene que ver con resguardar la seguridad de los ciudadanos.
Se valora el ejercicio del diálogo franco y ameno del presidente, porque es la muestra de su aprecio y deseo de trabajar por La Guajira, pero es necesario que esas visitas dejen resultados concretos frente a las peticiones de los alcaldes, quienes deben garantizar la seguridad ciudadana, pero también la ejecución de obras sociales que jalonen el desarrollo social y económico de las localidades.
Corresponde entonces al gobernador en calidad de encargado, Wilson Rojas Vanegas, y a los alcaldes, hacer causa común para el debido seguimiento a las peticiones que formularon al presidente para que se traduzcan en el menor tiempo en soluciones a los problemas planteados en la mesa de trabajo.
Siempre será bienvenido el presidente de la República a La Guajira, se le reconoce su presencia e interés por la región, pero los ciudadanos siguen esperando respuestas a diversos problemas que no solo tienen que ver con seguridad, sino con otros sectores donde es necesario invertir para que mejore el nivel de vida de la gente que solo se logrará con una eficiente prestación de los servicios públicos, acceso a la educación, salud y a un trabajo digno.