La precandidata presidencial Paloma Valencia presentó en Barranquilla una propuesta de seguridad centrada en el combate frontal a la extorsión y el fortalecimiento de la autoridad del Estado.
La iniciativa se enmarca en lo que ha denominado una estrategia de “seguridad total”, que contempla medidas inmediatas desde el inicio de un eventual gobierno. Entre ellas, destaca la reactivación de órdenes de captura contra criminales vinculados a procesos de negociación, así como el endurecimiento de las condiciones en los centros penitenciarios del país. “Los prófugos, a la cárcel. Los que delinquen desde adentro, a máxima seguridad y a trabajar. Llega la seguridad total”, afirmó.
Uno de los pilares del plan es la reestructuración integral del sistema penitenciario. La precandidata propone la creación de 40.000 nuevos cupos carcelarios, incluyendo establecimientos con enfoque agrícola en zonas apartadas, donde los internos puedan trabajar y reducir el riesgo de reincidencia. A esto se suman medidas para combatir la corrupción dentro de las cárceles y frenar la operación criminal que se articula desde estos centros, como el bloqueo de señales de telefonía móvil, una práctica que, según autoridades, ha sido clave en la coordinación de delitos como la extorsión.
El plan también contempla un aumento significativo del pie de fuerza, con la incorporación de miles de nuevos efectivos entre policías y militares. “Incorporaremos 30 mil nuevos militares y 30 mil nuevos policías a nuestras fuerzas, logrando consolidar un pie de fuerza robusto y profesional de cerca de 530 mil hombres”. Asimismo, incluye el uso de herramientas tecnológicas como drones e inteligencia digital para combatir estructuras criminales, “la ciberinteligencia para la lucha frontal contra el crimen”.
En materia de seguridad urbana, propone ajustes legales para que las capturas en flagrancia tengan consecuencias más efectivas, complementados con una reforma a la justicia que contemple la implementación de juzgados itinerantes capaces de dar respuestas rápidas en distintas regiones del país.
En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, plantea retomar la fumigación de cultivos ilícitos bajo criterios que minimicen impactos en la salud y el medioambiente. Paralelamente, insiste en la necesidad de fortalecer programas que incentiven la transición hacia economías legales, promoviendo que los campesinos sustituyan estos cultivos por alternativas productivas sostenibles.
“Queremos una Colombia donde la gente pueda salir sin miedo, donde el trabajo honrado sea respetado y donde la autoridad garantice la libertad”, agregó.
El lanzamiento de esta propuesta ocurre en un momento en el que la seguridad se ha consolidado como uno de los temas centrales del debate político en el país.
