Como es costumbre, la Costa Caribe se quedará sin representación entre los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Una vez más el centralismo y el amiguísimo del actual gobierno Nacional se toma este organismo, que por años se ha encargado de lesionar los intereses regionales y favorecer las ganancias económicas de las denominadas mafias del agua en el país.
Las polémicas alrededor de la elección de los nuevos miembros expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) no se detienen, esta vez por cuenta de la reciente postulación del actual superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, quien no cuenta con la experiencia para el cargo, que tendría que ocupar durante los próximos cuatro años, pero si con el visto bueno del Presidente Iván Duque y del Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.
Con gran preocupación ve el sector energético, la llegada de un nuevo comisionado sin la experiencia técnica y preparación que exige la ley para desempeñarse en este cargo. Al ser la Creg una entidad, eminentemente técnica, cuyo objetivo es lograr que los servicios de energía eléctrica, gas natural, gas licuado de petróleo (GLP) y combustibles líquidos se presten al mayor número posible de personas, al menor costo posible para los usuarios y con una remuneración adecuada para las empresas que permita garantizar calidad, cobertura y expansión, lo mínimo que se espera de esta comisión es que cuente con un equipo de expertos conocedor de las problemáticas del sector.
De manera sistemática, la Creg ha desplegado, año tras año, una política de precios discriminatoria en contra de la región Caribe. Las acciones más recientes fueron las resoluciones 010 de 2021 y 078 de 2021 que le autorizan a las empresas Afinia y Air-e, el cobro retroactivo por pérdida de energía. Una cuestionada decisión que tiene a los usuarios de la Costa pagando, injustamente, las tarifas más caras del país, con el peor de los servicios.
Este nuevo castigo que la Comisión de Regulación de Energía y Gas le ha impuesto a la Costa Caribe va en contra del desarrollo económico y el bienestar social de la región. Siempre han recurrido al mecanismo facilista de incrementar los precios de la energía y el gas, generando una violencia tarifaria que deteriora la capacidad adquisitiva de los usuarios y desdice de la capacidad que debe tener el Estado para garantizar calidad, eficiencia, eficacia y cobertura en materia de servicios públicos en el país.
Llevamos años pidiéndole al gobierno la inclusión de un profesional de la región que haga parte del organismo técnico. Que la Costa, una de las más perjudicadas con la mala prestación del servicio de energía eléctrica, no tenga presencia en la Creg, no es algo casual. Al no tener quien nos defienda queda el camino libre para que puedan seguir actuando en detrimento del bolsillo de los usuarios del Caribe colombiano.
Desde que fue creada la Creg, sus comisionados han sido los culpables directos, por acción u omisión, lentitud o precipitud, de las desgracias eléctricas que han sucedido en el país. Los habitantes de la Costa Caribe exigimos una comisión al servicio de los colombianos, no una entidad arrodillada a las mafias. El futuro de la política energética no puede quedar en manos de personas ignorantes del tema, que toman malas decisiones desde sus despachos en Bogotá, sin mirar a la región.
