El presidente de Colombia después de electo es el presidente de todos los colombianos y está obligado a coordinar, asistir técnica y financieramente, a respetar la autonomía fiscal y administrativa de gobernadores y alcaldes, según el artículo 287 de la Constitución; sin embargo, en este Gobierno la autonomía local finaliza siendo fuertemente debatida por fricciones sobre si el ejecutivo impone una relación de subordinación en lugar de cooperación.
Entre otras obligaciones constitucionales el presidente frente a las Entidades Territoriales debe cumplir sin ningún sesgo un modelo de Estado unitario y descentralizado. Las obligaciones clave del Gobierno nacional incluyen: garantizar la autonomía, permitiendo que las regiones se gobiernen por autoridades propias y administren sus recursos, articular los planes de desarrollo departamentales y municipales con el Plan Nacional de Desarrollo mediante el Departamento Nacional de Planeación, distribuir el Sistema General de Participaciones y cofinanciar proyectos de impacto regional.
En este Gobierno, Gustavo Petro ha afirmado en algún momento que el presidente es el jefe de los alcaldes, pero expertos, puntualizan y recuerdan que la carta magna protege la independencia de las autoridades territoriales. La Constitución de 1991 establece que los alcaldes y gobernadores son elegidos por voto popular y cuentan con autonomía política, fiscal y administrativa, como lo estipula el artículo 315 y el principio de descentralización consagrado en el artículo 1.
Los gobernadores y los alcaldes tienen la potestad de administrar los recursos de sus municipios y ciudades, una afirmación como esta en algunos de los momentos del presidente resulta grave, pues desconoce la Constitución o genera confusión sobre la autonomía administrativa de los mandatarios locales, la relación entre el Ejecutivo y los gobernadores y alcaldes debe basarse en coordinación y cooperación, no en subordinación, ningún gobernador ni ningún alcalde tienen que agradecerle al presidente por hacer lo que está obligado a hacer.
Hay que seguir trabajando por la autonomía regional y no repetir los choques que hubo con el actual Gobierno. En lo que falta para culminar sus períodos, los gobernadores y alcaldes, tienen que evitar el temor vivido y que el próximo presidente o presidenta no tenga interlocución con ellos, como terminó ocurriendo durante este cuatrienio con el presidente Petro. En bloque, los mandatarios deben comprometerse a garantizar un diálogo y la articulación con los territorios, así como que se tenga un pleno respeto a las autonomías territoriales.
En aras de dar un buen ejemplo a todos los colombianos, los escenarios de confrontación o ausencia total de diálogo que han tenido los actuales alcaldes y gobernadores, con la cabeza del ejecutivo deben desaparecer de todo escenario, las fuerzas tienen que ser dirigidas a la solución de todos los problemas y carencias que hoy padece gran parte del país.
Trabajar articuladamente, con el compromiso y la seriedad que demanda el momento para enfrentar la lucha contra la delincuencia y el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura, que el aspecto de la seguridad sea una de las principales preocupaciones expuestas ante el nuevo Gobierno presidencial, que las competencias asignadas al territorio desde el Gobierno central vengan con los recursos, lograr además el equilibrio entre la entrega de la competencia, simultáneamente con la entrega del recurso; que se ataque de una manera contundente la corrupción, sin amiguismos, hay que darle jaque mate a este país presidencialista y centralista.
El nuevo presidente o presidenta debe responsablemente dar más capacidades para las autoridades locales, desglosar más y articular más una relación transparente, sin sesgos políticos ni autoritarismos; es una necesidad mejorar la comunicación, pues han sido dos años y medio de tensiones con el actual Gobierno, lo que ha afectado en cierta medida el desarrollo en todas las regiones.
En las dos vueltas presidenciales, votar bien por un nuevo Gobierno presidencial implica elegir conscientemente un proyecto de país que se alinee con nuestros valores, basándonos en propuestas viables y experiencia, no en populismo, significa informarnos sobre el Plan de Gobierno, el equipo de trabajo y el impacto real de las políticas públicas, para hacer realidad un sueño de vivir en un país tranquilo, en desarrollo, en paz y armonía.
