Con mucho estupor y hasta pena ajena, leí en estos días la columna ‘Es bueno que se regule y limite el uso de las redes sociales’, escrita por el docente de la Universidad de La Guajira, William Rodríguez Bueno en el Diario del Norte. Tales sensaciones me nacieron, no solo por la incoherencia que entraña, sino por lo inquisitivo de las opiniones del docente; tan respetables como las mías, tampoco exentas de refutación.
Cuando digo incoherente es porque inicia el escrito citando la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los artículos que llaman a la protección de la libertad de expresión y opinión, así como el mandato de la Constitución Política de Colombia, que en su artículo 20 defiende los mismos derechos. Pero, termina su escrito con un canon retardatario que más parece sacado de mentes radicales como las de Alejandro Ordóñez, Trump o Erdogan: “Ojalá (…) se limite no solo el uso de las redes, sino también el uso y compra de celulares inteligentes”. Otra incoherencia, es que este tipo de opiniones inquisidoras provengan de la universidad y de un hombre que se ha distinguido por liderar unas veedurías universitarias, con el noble espíritu de defender derechos.
Como se aprecia, Bermúdez propone que para defender los derechos de las personas como al buen nombre, se violen otros derechos como los de libre expresión y opinión. Se adhiere al proyecto de ley liderado por los senadores Name y Zabaraín, que busca que en Colombia se regule el uso de las redes sociales. Pero el profe Bermúdez va más allá: es de la opinión que no todos deben tener el derecho de comprar y portar un celular inteligente.
Espero que para una próxima columna, Bermúdez nos diga cómo se aplicaría esto; si es que acaso se crearía una agencia capaz de emitir una certificación, luego de un “riguroso” examen psicológico y de coeficiente intelectual, para dar fe que sí somos aptos para comprar y portar un teléfono de estos.
Bien es cierto, las redes sociales se han mal usado para calumniar, difamar, crear pánico financiero, extorsionar, estafar y viralizar el sexting, la pornografía infantil y la xenofobia. Pero algunas plataformas como Twitter o Facebook han implementado reglas de uso para evitar estas prácticas y herramientas para denunciar los discursos de odio y algunos delitos informáticos. Además, ¿acaso no existen en Colombia leyes para castigar este tipo de delitos? No se trata de crear más leyes, sino de la impunidad que impera en el país y falta de alfabetización digital.
Como afirma Claudio Ruiz de Derechos Digitales, la experiencia muestra que esa “compulsión por regular y prohibir en internet, muchas veces no es producto de la ignorancia de nuestras autoridades o su ánimo para proteger a las personas, sino que responde a la incomodidad que sienten cuando las personas critican su actuar como personajes públicos”.
Las redes sociales, en especial en Colombia, son casi la única fosa nasal que han dejado para que la ciudadanía respire. Ante unos grandes medios politizados y puestos al servicio de la alianza empresarial con grandes partidos, las redes han sido el canal de desahogo, la tribuna de opinión y denuncia, la voz de rechazo ante un Uribe que se cree presidente eterno, la ley de financiamiento, el fiscal Martínez, Odebrecht y otras infamias.
Quizás lo que se busque es que esas voces se callen o solo publiquen lo doméstico, la frivolidad; que no se cuestione ni caricaturice a Duque ni a su patrón, que seamos pasivos ante el asesinato de los líderes sociales. Ese sentimiento de ahogo, impotencia y rabia, por algún lado tiene que salir, de lo contrario la gente –tal como lo ha mostrado la historia– buscará otras formas de expresarse y está demostrado que siempre las encuentra. Las redes sociales que usted profe, y el gobierno de Duque, quieren silenciar, son casi el último reducto de nuestra libertad de opinión. Tarde o temprano “saltará la liebre” con o sin censura a las redes.
