Empezando por la Transición energética: Colombia, como lo está haciendo el resto del mundo, debe concebir la Transición energética como la integración de las Fncer a la matriz eléctrica, diversificándola aún más de lo que está, no como reemplazo o sustitución de las energías convencionales sino como complemento, de tal modo que las unas le sirvan de respaldo a las otras.
Hay necesidad de retomar la Hoja de ruta de la Transición energética definida en el Documento Conpes 4075 de 2022. El actual Gobierno en lugar de construir sobre lo construido, se propuso, sin lograrlo, darse la Hoja de Ruta de la Transición energética justa prevista en la Ley 2294 de 2023 del PND. A pesar de que la exministra Irene Vélez anunció en la COP 27 en noviembre de 2022 que para mayo de 2023 se tendría esa Hoja de Ruta, hasta la fecha, a 5 meses del fin de su cuatrienio sólo existen unos ‘documentos’ que han debido servir de insumos para la misma. Eso es como tener las piezas de un lego al alcance de la mano pero sin armarlo.
Y hablando de Transición energética, Colombia debe sintonizarse con el resto del mundo que prioriza la seguridad energética sobre la Transición. Esta no debe poner en riesgo a aquella, como tampoco debe poner en riesgo la soberanía energética. En este orden Colombia no puede precipitarse a marchitar prematuramente la industria del carbón y de los hidrocarburos, sus dos principales renglones de exportación, y principales fuentes de divisas, de financiación del Estado y de la propia Transición.
Con fundamento en lo anterior, sin desmedro de la Transición energética, el próximo Gobierno deberá poner término a la moratoria de la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, así como del uso en Colombia de la técnica del fracking 6.0, la cual mitiga su impacto ambiental, única manera de espantar el fantasma de la importación de petróleo y recuperar la autosuficiencia perdida de gas natural. Tenemos que acoger el consejo de Keynes a Roosevelt: “apresurarse sería dañino cuando lograr la meta de largo plazo es más importante que el resultado inmediato”.
El sector eléctrico enfrenta un alto riesgo de un apagón financiero, como lo han advertido reiterativamente los organismos de control (Procuraduría y Contraloría), que puede derivar en un efecto dominó que, como lo ha anticipado la firma XM, que opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN), puede causar un efecto dominó que comprometería la confiabilidad y firmeza en la prestación del servicio.
Al Gobierno entrante le corresponderá implementar un plan de choque que desactive esta bomba de tiempo que tiene al sector eléctrico sumido en una crisis inducida por parte del mismo Gobierno. Se debe proceder a la mayor brevedad al pago de la deuda contraída por parte de la Nación con las empresas comercializadoras por concepto de los subsidios al Consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3 ($3.6 billones) y buscarle una salida al pago a las mismas del saldo de la deuda por la opción tarifaria ($3.2 billones), mediante la titularización de las mismas.
Colombia actualmente tiene un déficit de la Oferta de energía firme (OEF) para 2026 de 2.2% que representa aproximadamente 250 a 300 MW de capacidad firme faltante, equivalente a todo el consumo de una ciudad como Bucaramanga. Esta cifra se estima basándose en una demanda máxima proyectada que supera los 12.000 MW, siendo un riesgo cubierto parcialmente por el cargo por confiabilidad. Ello obedece al atraso en la ejecución de más de 4.000 MW de capacidad instalada, situación que tiende a agravarse dado que se requieren 6.000 MW más antes de 2027, mientras que la demanda de energía crece por encima del 4%.
Entre las prioridades del próximo Gobierno está destrabar la ejecución de los proyectos de generación, especialmente de los 16 parques eólicos en La Guajira y los de transmisión. Son varias las acciones que deberán acometerse: catalogarlos como proyecto de interés nacional estratégico (Pines: Documento Conpes 3762 de 2013) y darles el tratamiento de tales, aplicar la norma prevista en las leyes 56 de 1981, 1715 de 2014, 2099 de 2021 y el Decreto 1537 de 2022, que establecen que los proyectos eléctricos son de utilidad pública e interés social, de tal suerte que debe primar el interés general sobre el interés de los particulares. Se deberá promover, además, el trámite en el Congreso de la República del Proyecto de Ley que reglamente las consultas previas.
En relación a los biocombustibles, bueno es recordar que es la propia Agencia Internacional de Energía (AIE), a la cual Colombia acaba de ser admitida, la que dice que “son una pieza clave dentro de la estrategia global para descarbonizar la economía”. Decimos esto, a propósito de la desprotección y desincentivo por parte del actual Gobierno, propiciando la invasión del etanol subsidiado desde los EE.UU., recurriendo a prácticas de dumping, sumiendo a esta industria en una gran crisis, afectando toda la cadena agroindustrial, el empleo y el ingreso.
Se debe restablecer la norma que la protegía, permitiendo las importaciones solo para cubrir el déficit de oferta nacional. Es más, el próximo Gobierno debería incrementar el porcentaje de las mezclas de los biocombustibles, con lo cual se reduciría las importaciones de gasolina (hoy 40%) y de diésel (hoy 15%), ampliaría la frontera agrícola, generaría más empleo e ingreso, especialmente en el campo.
Quien quiera que sea que asuma la conducción de los destinos nacionales a partir del 7 de agosto de 2026 debe saber que sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el viento, jamás quien pretenda que el viento sople en donde pone la vela.
