El Helicoide, ubicado en Caracas, fue originalmente concebido como un centro comercial en los años 50, pero quedó inconcluso y desde 2015 ha sido ocupado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como prisión y centro de detención para opositores políticos y disidentes. Organizaciones internacionales lo describen como uno de los mayores centros de tortura en América Latina.
En este recinto se han denunciado golpizas sistemáticas a detenidos políticos, muchos de ellos sin cargos claros ni acceso a un juicio justo, en lo que constituye detenciones arbitrarias contrarias al derecho internacional.
Los testimonios de sobrevivientes y las investigaciones de organizaciones como Amnistía Internacional han señalado que los reclusos son frecuentemente electrocutados, colgados de sus extremidades y forzados a adoptar posiciones de estrés extremo, prácticas que buscan quebrar psicológicamente a las víctimas.
Otra forma de tortura reportada en El Helicoide es la de poner bolsas sobre la cabeza de los presos con heces u otros fluidos, obligándolos a respirar en condiciones degradantes que causan asfixia parcial y terror psicológico intensivo.
La privación de necesidades básicas también ha sido documentada: los detenidos sufren aislamiento prolongado, negación de visitas familiares, restricciones severas de alimentos, agua y atención médica, lo que agrava su sufrimiento físico y mental y constituye trato cruel e inhumano.
Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre amenazas de muerte contra los detenidos y sus familiares, violencia psicológica constante y la utilización de estos métodos como forma de coacción para forzar confesiones o rendiciones políticas, evidenciando que la tortura no es incidental sino parte de un patrón sistemático.
Las denuncias también incluyen violencia sexual y de género como una forma de represión, con denigración, desnudez forzada y amenazas de violación que buscan humillar y dominar a las víctimas, algo que ha sido reportado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y activistas venezolanos.
Además de la tortura física directa, el régimen ha empleado aislamiento prolongado y detenciones en completo secretismo (‘incomunicado’) para quebrar la voluntad de los prisioneros, negándoles contacto con abogados y familiares durante largos períodos, algo que expertos consideran una forma de tortura psicológica.
Casos individuales, como el de periodistas y activistas que lograron escapar o relatar su experiencia, confirman que la tortura en El Helicoide ha marcado de por vida a muchas personas. Un exdetenido narró haber sido privado de luz solar durante meses, golpeado repetidamente y humillado para intentar silenciar su disidencia.
Estas prácticas han sido condenadas por múltiples organismos internacionales, que las enmarcan en una crisis de derechos humanos más amplia en Venezuela, con detenciones arbitrarias, represión política sistemática y ausencia de rendición de cuentas. El uso de centros como El Helicoide, como instrumento de terror estatal ha llevado a peticiones de acceso para verificar condiciones y a llamados internacionales para que cesen estas violaciones.
