El devastador efecto Olmedo II

Por razones de tipo interinstitucional al pediatra Luis Gómez Pimienta, nombrado por el presidente Petro como gerente especial para La Guajira para articular gestiones en aras del cumplimiento de la Sentencia T-302, a Olmedo López director de la Ungrd y a Javier Rojas Uriana accionante de la misma Sentencia, les tocó interactuar en lo referente al hambre y la sed de los wayuú, columna vertebral de la desnutrición y muerte de la primera infancia. Razón por la cual la lista del primer centenar de ollas comunitarias la suministró la gerencia especial a la Ungrd con base en la priorización del llamado ‘círculo de la muerte’ de la sabana de Manaure, bautizado así porque en un radio de acción de cinco kilómetros con una población entre 2.500 y 3.000 habitantes se estaba muriendo un niño cada semana por desnutrición. Estos datos son producto de la observación in situ de la gerencia especial que es zona de influencia de la Asociación Shipia Wayuu liderada por Javier Rojas Uriana. Luis Gómez Pimienta y Olmedo López interactuaron en sus respectivos cargos de abril a diciembre de 2023. Periodo que incluye el momento cumbre de las elecciones regionales.
El 30 de junio de 2023 el presidente Petro y la vicepresidenta Márquez llegaron a la mencionada zona para entablar un diálogo genuino con las autoridades tradicionales y darle posesión a Márquez como ministra de la Igualdad y Equidad. Días después, el 20 de julio de 2023, unos mil indígenas de varias comunidades aledañas participaban en la comunidad Wayumatamana del lanzamiento de las Ollas Comunitarias, un evento en el que la Ungrd erigió una inmensa carpa en pleno semidesierto y se consumieron alimentos calientes. También se presentó la Feria del Agua, que tenía como propósito brindar carrotanques y mejoramiento de jagüeyes y pozos. En esa oportunidad se dijo que el pilotaje de las ollas se desarrollaría durante tres meses en Maicao, Uribia, Manaure y el Distrito de Riohacha, con una inversión de $117 mil millones para beneficiar a 125 comunidades wayuú, a razón de 100 indígenas por comunidad.
Luis Gómez Pimienta presentó una carta abierta dirigida al presidente Petro en noviembre de 2023 en la que le pide que no renueve su contrato que expiraba en diciembre 31. Se apartaba de esas funciones, renunciando a su cargo como gerente especial para La Guajira cuando ya el escándalo de los carrotanques iniciaba en la prensa nacional. En la misma misiva, mezclando rudamente lo institucional con lo político, solicita al presidente Petro que lo deje organizar las dispersas fuerzas alternativas de La Guajira. Cabe resaltar que Luis Gómez Pimienta fungía a la vez como activista político en la disputa regional y para agosto decidió unirse a la campaña conservadora a la Gobernación de Jimmy Boscán Torres. Habiendo estado en una rueda de prensa en Riohacha el 12 de julio donde se estructuraba una candidatura propia del Pacto Histórico a la Gobernación.
Con el tema político, al parecer, todas las relaciones se fracturaron y cada vez eran más los cuestionamientos y denuncias hacia Olmedo López sobre la participación en política, a través de los programas de la Ungrd en La Guajira. El mismo Javier Rojas Uriana en su cuenta oficial X, el 31 de octubre de 2023 le informaba al presidente Petro que Olmedo López debía renunciar por su participación en política en favor de los depredadores de los recursos públicos responsables de las muertes de los niños wayuú en La Guajira. Hoy se sabe que mucha de la plata que iba destinada para esas comunidades y para los niños y su alimentación se la habían robado. Sin embargo, faltan muchos detalles por esclarecer y saber quiénes han participado de ese entramado de corrupción extendido a distintos líderes políticos y miembros del Gobierno de Gustavo Petro.
Tan pronto la unidad investigativa del periódico El Tiempo comenzó a revelar la contratación irregular de la Ungrd de los carrotanques, Olmedo López fue destituido y sometido a denuncia penal. Por primera vez la oficina de transparencia de la Presidencia de la República denuncia penalmente a un funcionario de alto nivel. Producto del trabajo investigativo, la Fiscalía General de la Nación suscribió preacuerdos con algunos de los involucrados: Olmedo de Jesús López Martínez, deberá cumplir una pena de siete años y regresar $724 millones a la entidad; Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, una pena de seis años y el reintegro de $618 millones; el contratista Luis Eduardo López Rosero, una pena de seis años y el reintegro de $7.722 millones; el exasesor de la Ungrd Pedro Andrés Rodríguez Melo, una pena de casi cinco años y el reintegro de $1.000 millones; el exdirector de conocimiento de la Ungrd Luis Carlos Barreto Gantiva, una pena de tres años y el reintegro de $150 millones y Édgar Eduardo Riveros Rey, una pena de cinco años. Todos ellos irán a la cárcel por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones que aterrizó en el Gobierno en mayo de 2023 involucrada en este escándalo, irá a prisión ya que una jueza determinó que la exfuncionaria debía ser trasladada a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, siendo la funcionaria de más alto rango. Esta copartidaria de Iván Name del Partido Verde, acusada de tráfico de influencias y lavado de activos tiene a este expresidente del Senado a las puertas de la cárcel, supuestamente por haber recibido $3.000 millones de la feria de la Ungrd. Eso debe resolverlo la Corte Suprema de Justicia, al igual que el caso de Andrés Calle, expresidente de la Cámara, quien recibiría $1.000 millones de la misma repartija. Ya es parte de nuestra cultura política que el Congreso, dividido en muchas bancadas al igual que los partidos con conflictos internos y ante la falta de mayorías a favor del Gobierno, la relación entre Ejecutivo y Legislativo pasa por negociaciones individuales con parlamentarios, como ha ocurrido en lo que va corrido de este siglo, tras el fin del bipartidismo.
Así pues, con el devastador efecto Olmedo, lo que más se fracturó fue el Pacto Histórico en La Guajira. Las condiciones que tuvo la alternatividad en el Departamento en la pasada coyuntura electoral no la vuelven a tener por mucho tiempo. Por un lado, la alta votación del presidente Petro en segunda vuelta, los grandes esfuerzos hechos para resolver la crisis humanitaria de La Guajira; y además, el tener un presidente amigo con la misma línea de pensamiento. Esto generaba un inmenso capital político que debía ser canalizado; pero en contraste, fue despilfarrado por los líderes y sus movimientos erráticos. Las cabezas visibles del Pacto Histórico decidieron tomar caminos que socavaron los ideales de la coalición, desafiando la lógica, la coherencia y la transparencia.
Las pasadas elecciones tenían la posibilidad de cambiar el rumbo de la región. Los ciudadanos estaban expectantes de las propuestas y posibilidades del Pacto Histórico. Pero, su falta de coherencia, su debilidad ante el dinero y el resquebrajamiento de la unidad confundieron y decepcionaron a muchos electores. El panorama de hoy es deprimente: una diputación que ya venía en sociedad con la segunda votación a la Gobernación; por ende, oposición a la más aceitada de las maquinarias y la participación en la Alcaldía de Riohacha. Ambas instancias continuistas y experimentadas en la más vil corrupción. La capital es el mejor ejemplo de lo que ha podido ser y no fue. Siempre se ha establecido que Riohacha es el principal bastión de la alternatividad política; sin embargo, la triste realidad de hoy es que el Pacto Histórico no cuenta ni siquiera con un concejal. La Guajira merece un destino diferente, un futuro sin Olmedos ni sombras de corrupción.