Hay una vieja estrategia que nunca pasa de moda: cuando las preguntas incomodan, en lugar de responderlas, se desacredita a quien las formula. Es más fácil fabricar un culpable que ofrecer explicaciones. Esa práctica no solo empobrece el debate público; también revela hasta qué punto algunos prefieren administrar la percepción antes que rendir cuentas.
He aprendido que el control ciudadano produce una curiosa reacción. Mientras más se habla de transparencia, menos interés parece existir por discutir el contenido de las denuncias. De repente, el debate deja de girar alrededor de la contratación pública, de la ejecución del presupuesto o de las prioridades de la administración, para concentrarse en quien se atrevió a hacer las preguntas. El veedor termina ocupando el lugar que debería ocupar la gestión pública.
Ese es, precisamente, el mayor riesgo para cualquier democracia. Cuando la ciudadanía acepta que el problema no es la forma como se administran los recursos públicos sino que el problema es la persona que vigila su administración, el control ciudadano pierde legitimidad y la corrupción encuentra el terreno perfecto para prosperar.
No me corresponde decidir quién trabaja para una administración pública ni quién deja de hacerlo. Esa competencia pertenece exclusivamente a quienes ejercen el Gobierno. Pretender trasladar esa responsabilidad a un ciudadano que ejerce veeduría resulta tan absurdo como culpar al auditor por las irregularidades que descubre o responsabilizar al termómetro por la fiebre. Quien vigila no administra; quien denuncia no contrata; quien pregunta no firma los contratos.
Lo verdaderamente importante debería ser otra cosa. ¿Cómo se están utilizando los recursos públicos? ¿Responden las contrataciones a las necesidades del municipio? ¿Se están priorizando adecuadamente las inversiones? ¿Existe planeación suficiente para justificar las decisiones administrativas?
Esas son las preguntas que merecen ocupar la conversación pública. Sin embargo, con demasiada frecuencia terminan reemplazadas por campañas de desprestigio que buscan convertir al mensajero en el centro de la discusión.
En los últimos días he conocido información según la cual algunas personas estarían utilizando mi nombre para presentar derechos de petición ante la administración municipal sin mi autorización. Si ello llegara a confirmarse, no solo constituye una conducta inaceptable, sino que demuestra hasta dónde puede llegar el interés por distorsionar el ejercicio del control ciudadano. Mi trabajo siempre se ha desarrollado de manera personal, plenamente identificado y utilizando información que cualquier ciudadano puede consultar en fuentes públicas y oficiales, como Secop, los portales de transparencia y los sistemas de información del Estado.
Eso demuestra una realidad incómoda: hoy la información pública ya no pertenece a unos pocos. Está disponible para todos. Lo que hace la diferencia no es el acceso a los datos, sino la voluntad de examinarlos y formular las preguntas que algunos prefieren que nunca se hagan.
No creo en el control ciudadano entendido como un instrumento para perseguir personas. Creo en el control ciudadano como una herramienta para proteger el patrimonio colectivo. Los recursos públicos no pertenecen al alcalde, ni al Concejo, ni a los contratistas, ni a los partidos políticos. Los recursos públicos les pertenecen a todos los ciudadanos, y precisamente por eso todos tenemos el derecho, y el deber, de vigilar cómo se administran.
Una sociedad que termina enfrentando a la comunidad con las personas que ejercen control, mientras deja intacto el debate sobre la gestión pública, corre el riesgo de normalizar la ausencia de transparencia. Ese es el verdadero triunfo de la corrupción: lograr que las preguntas incomoden más que las respuestas inexistentes.
Por mi parte, seguiré creyendo que una democracia no se fortalece silenciando al veedor, sino obligando al poder a explicar sus decisiones. Al fin y al cabo, las administraciones pasan; los recursos públicos se agotan; pero la obligación de rendir cuentas permanece. Y mientras exista esa obligación, siempre habrá ciudadanos dispuestos a recordarla. Yo soy uno de esos ciudadanos.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…”.
