La realidad política fluye impetuosa e incesante cual torbellino, no hemos superado y asimilado un cataclismo noticioso cuando surge otro más sorprendente. La realidad nacional es un folletín de sucesos interminables y desconcertantes. García Márquez lacónicamente contextualizaba el fascinante ámbito Caribe: “La realidad supera la ficción”, desgraciadamente y a manera de tragedia permanente se extendió a la nación.
Lo devenido en Colombia se refleja enfáticamente en lo que pomposamente denominaron el “proceso del siglo”, su desenvolvimiento apunta convertirse en un “parto de los montes”, una comedia, una parodia. Obra de teatro digna de las historias escritas por Bertol Brecht. La puesta en escena mediante un acto mediático preparado por dos periodistas antípodas en la hondura del análisis, afines en su inclinación ideológica, la primera Vicky Dávila, con insuficientes talentos, desvergonzadamente fungió como avezada abogada penalista en el análisis de las piezas procesales, induciendo la interpretación de los interrogatorios, manipulando su sentido. Por el otro lado, el sórdido esperpento ultraderechista Salud Hernández más cerebral que su compañera de andanzas, ambas al unísono y con la franquicia de Semana, aprovechando las simpatías declaradas por Uribe de los nuevos propietarios se dieron a la tarea sutil a veces y descarada otras de servir de caja de repercusión al descrédito, a la descalificación fraguada por parte de algunos sectores en contra de la Corte.
Un capítulo tragicómico de esta obra teatral se remonta al 2018 cuando Uribe fue llamado a indagatoria, amenazó con renunciar al Senado –metió un cañazo– pensó que sus menguadas, pero no menos virulentas huestes incendiarían al país e intimidarían a la Corte, no hubo tal, bocinazos, tímidas manifestaciones y reacciones del redil político reivindicando su “honorabilidad”, no más. Se retractó a través de Twitter, anunció que su “honorabilidad” (otra vez), le impedía renunciar y que respetaba a la Corte y a su competencia para juzgarlo, pensaría que, por tratarse de él, la Corte no iba a atreverse dictarle medida de aseguramiento. Le tocó tragarse el Twitter de ese entonces, vociferó, intimidó, sintió pasos de animal grande, cambió de juez y se escabulló.
Aparece el acto institucional del sainete “crónica de una libertad anunciada”, que anticipadamente tenía el camino expedito, la estructura institucional permite al presidente de turno postular ante la Corte Suprema la terna para escoger el Fiscal General. Ni corto ni perezoso en su momento el saltimbanqui uribista postuló a funcionarios de su gabinete, incluido su amigo, compinche, escogido unánimemente.
Finalmente, el acto judicial. Al renunciar al fuero Uribe entra a ser juzgado por la justicia ordinaria. Barboza, a su vez, elige a un fundamentalista, militante de la doctrina del exprocurador Ordoñez para liderar “el proceso del siglo”. El caso llega a una juez de garantías, no se sabe, si por miedo, por curarse en salud, por darle visos de mayor legitimidad a su decisión retorna el caso a una Corte intimidada, que acoge la tesis del juzgamiento del expresidente por la Ley 906, omite expresarse sobre la situación jurídica del encartado, le devuelve el “chicharrón” a la juez. Interminables audiencias, patético papelón del fiscal delegado. La juez determina la libertad del acusado, el fiscal conmilitón hace el mandado bien hecho, no solo solicita vehemente la libertad del jefe de jefes, se da el lujo de cuestionar la decisión de la Corte en apartes esenciales. Este tinterillo de tres pesos, dotado de escasas luces jurídicas debate la sentencia colegiada emitida por cinco magistrados de la Sala de Instrucción de la más alta corte del país. Como para Ripley.
Caravanas de respaldo, frases manidas de los prosélitos y de sus aliados en el poder, reciclaje de ataques a la Corte. El loco del peluquín amarillo que gobierna a la nación más poderosa del mundo envía mensaje distinguiendo a Uribe como héroe –afortunadamente todo sugiere que ese energúmeno recibirá paliza electoral en 20 días–. Chifladura total.
Coletilla: Los poderosos infractores de la ley en Colombia escogen sus organismos de impunidad, las Farc a la JEP y Uribe a la Fiscalía. La justicia para los de ruana. Aunque a decir verdad algún costo tendrá, las Farc a cambio de confesar sus atrocidades enfrentaran penas restrictivas de la libertad de hasta 8 años en los Pdet y acciones restaurativas, Uribe debió renunciar a su curul. A pesar de las evidencias, sigue sosteniendo su “inocencia y honorabilidad”.
