En el marco de una democracia participativa, y por pacto constitutivo, a partir de enero 2020 todos los municipios, distritos y departamentos de Colombia debieron preparar, concertar, aprobar y ejecutar planes de desarrollo 2020-2023 y los respectivos planes territoriales de salud que contenga las propuestas de los programas de gobierno que fueron ganadores en las elecciones de octubre de 2019. En la actualidad y hasta el diez de diciembre, todos los Concejos municipales, distritales y las Asambleas Departamentales están en el proceso de aprobar los respectivos presupuestos para el próximo año.
Las instituciones nacionales y locales no previeron en estos instrumentos de planeación y presupuestación la ocurrencia de un brote con una severa incidencia sobre las entidades territoriales y sus poblaciones más vulnerables.
El alto crecimiento de los casos positivos del Covid-19 obligaba, y hace imperativo para el año entrante, replantear las priorizaciones territoriales, sectoriales y poblaciones, así como todas las respuestas, estrategias, intervenciones y acciones de los planes y los presupuestos subnacional.
El avance exponencial del Covid-19 con sus consecuencias para el derecho a la vida, el distanciamiento social y la economía en Colombia y en el mundo terminó demandando la inevitable necesidad de reformular y armonizar los Planes de Salud, los Planes de Desarrollo y los presupuestos para ajustarlos de acuerdo con la evolución de la pandemia.
A partir de este supuesto, los resultados de cualquier investigación deben verificar los efectos sociales y políticos-institucionales de la epidemia. Entre otros, la superación de la tensión entre la salud y la vida productiva. También, eventuales procesos de revocatorias de mandato y una fórmula para los ajustes de los planes de salud y desarrollo en una perspectiva de pospandemia.
A la fecha, según el Ministerio de Salud, se confirma que en 1.082 de 1.122 municipios de Colombia no se incluyeron en sus planes de salud lo referente al nuevo virus en el análisis de la situación de salud, ni en el componente estratégico y de inversiones en su momento de concertación y aprobación. En un porcentaje similar tampoco se realizó la armonización de los planes de salud 2020-2023 con los respectivos planes de desarrollo territorial en la coyuntura del Covid-19.
En principio, se ratifica la hipótesis de no ajuste de ambos planes ante la irrupción y afectación de la pandemia omitiendo alternativas de solución sostenible para mitigar las consecuencias sanitarias, sociales, económicas, políticas e institucionales en la nueva fase postendémica del SARS- Cov2.
La limitada e inviable reformulación de los planes de salud y de desarrollo territorial 2020-2023 a partir de los resultados que arrojan los indicadores para definir la condición no Covid-19 de municipios, distritos y departamentos incidirá en mayor morbimortalidad, ocupación de UCI, letalidad, efectos adversos económicos y de la nueva normalidad social mientras aparece la vacuna efectiva para la sindemia del Covid-19.
En este momento se espera que en los proyectos de presupuesto 2021, los ejecutivos locales por lo menos hayan incluido programas y proyectos en el Plan Operativo Anual de Inversiones con los recursos y fuentes de financiación cierta y confiable no solo para enfrentar la fase de contención y mitigación, sino eventuales rebrotes del nuevo coronavirus por la apertura de los confinamientos para la reactivación económica en los sectores productivos de los territorios y del país.
Los concejales y diputados tienen la palabra y deben tener la grandeza –así estén en la coalición de gobierno y por fuera de ella– para aprobar unos presupuestos 2021 no con la miopía de los alcaldes y gobernadores, sino con una visión lo más clara posible de apropiar recursos en perspectiva de superar la pandemia del Covid-19 con vacunas y tratamientos incluidos, así como también para mitigar otras calamidades pública como el post Fenómeno de la Niña, y las políticas-electorales derivadas de las revocatorias de los mandatos.
