Las autoridades colombianas asestaron uno de los golpes más contundentes contra una presunta organización dedicada al tráfico ilegal de migrantes, tras la ocupación de decenas de bienes que harían parte del patrimonio obtenido mediante esta actividad ilícita.
La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Extinción de Dominio, adelantó las medidas judiciales sobre 47 bienes vinculados a la estructura criminal, cuyo valor preliminar supera los 29.000 millones de pesos. Según las investigaciones, la red habría facilitado el traslado irregular de cerca de 800.000 personas procedentes de distintos países hacia Centroamérica.
Las pesquisas indican que la organización operaba principalmente desde el golfo de Urabá, utilizando embarcaciones y otras infraestructuras para movilizar migrantes provenientes de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China, entre otros.
Entre los bienes afectados por las medidas judiciales se encuentran ocho inmuebles, tres sociedades comerciales, cuatro establecimientos de comercio, ocho vehículos y 24 embarcaciones que, presuntamente, eran utilizadas para el transporte irregular de los migrantes.
El director de Extinción de Dominio, Juan Felipe Cárdenas, señaló que los elementos ocupados harían parte del patrimonio ilícito de la organización y habrían servido para ocultar las ganancias obtenidas mediante esta actividad.
Los operativos fueron realizados de manera conjunta por funcionarios de la Fiscalía y la Policía Nacional en Medellín, Apartadó, Necoclí y varias zonas del departamento del Chocó, donde se encontraban los bienes vinculados con la presunta red criminal.
Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance de la estructura y establecer posibles responsabilidades adicionales dentro de la organización.
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