El Ministerio de Educación adelanta varios procesos contractuales relacionados con infraestructura educativa que comprometerían recursos públicos por más de 13 billones de pesos y tendrían vigencia hasta el…
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El Ministerio de Educación adelanta varios procesos contractuales relacionados con infraestructura educativa que comprometerían recursos públicos por más de 13 billones de pesos y tendrían vigencia hasta el año 2036, situación que ha generado cuestionamientos en medio del próximo cambio de Gobierno.
La iniciativa busca garantizar la ejecución del Plan Nacional de Espacios Educativos mediante la construcción, adecuación y mejoramiento de instituciones en diferentes regiones del país. Sin embargo, las preocupaciones se centran en la forma en que estos recursos quedarían comprometidos durante la próxima década.
Entre los procesos en curso figura una licitación destinada a administrar cerca de 6,2 billones de pesos, además de tres contratos de asistencia técnica que superarían los 6,8 billones. Diversos sectores han advertido sobre posibles riesgos jurídicos, contractuales y financieros relacionados con la aprobación de estos recursos antes de la llegada del nuevo gobierno.
El representante electo David Cote manifestó inquietudes sobre algunos procesos de contratación directa, entre ellos uno relacionado con la Universidad de Antioquia, cuyo valor supera los 3,2 billones de pesos. Según señaló, existirían dudas sobre la capacidad técnica y administrativa para asumir la ejecución del proyecto.
Documentos conocidos por medios nacionales también evidencian la conformación de un consorcio entre la Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid para participar en otro de los procesos, cuyo valor supera los 3,8 billones de pesos.
Frente a las críticas, el ministro de Educación, Daniel Rojas, defendió la continuidad de los proyectos y aseguró que el Gobierno tiene la responsabilidad de avanzar hasta el último día de su mandato en la ejecución de las iniciativas relacionadas con infraestructura educativa.
El debate continúa entre quienes consideran necesario dejar asegurados los recursos para garantizar la continuidad de las obras y quienes creen que las decisiones deberían quedar en manos de la próxima administración nacional.
