El Presupuesto General de la Nación para 2027 terminó siendo expedido por decreto por el Gobierno nacional, pese a que el proyecto fue debatido y aprobado por el…
Ya leíste tus notas gratis. Inicia sesión o crea una cuenta gratuita para seguir leyendo sin límite.
El Presupuesto General de la Nación para 2027 terminó siendo expedido por decreto por el Gobierno nacional, pese a que el proyecto fue debatido y aprobado por el Congreso. La decisión se produjo en medio de inconsistencias durante el procedimiento legislativo, particularmente por las dudas sobre el artículo 65 y la falta de publicación oportuna del texto aprobado por el Senado en la Gaceta del Congreso.
Según fuentes consultadas en el Congreso, el Ministerio de Hacienda y la Imprenta Nacional, el documento con la versión aprobada por la Cámara Alta no había sido enviado para su publicación, incluso dos días después de la discusión. Esta situación impidió avanzar con el mecanismo previsto para consolidar el texto definitivo y llevó a considerar una alternativa conocida como ‘votación espejo’, basada en un documento que reunía proposiciones respaldadas por el Ministerio de Hacienda.
La controversia se concentró en el artículo 65, cuya modificación habría sido impulsada inicialmente por un senador, pero posteriormente retirada por diferencias con la redacción de una expresión. Aunque la propuesta figuraba entre las iniciativas avaladas para continuar el trámite, esto no significaba que hubiera sido aprobada definitivamente. Desde el Senado sostuvieron que esa misma noche se compartió un enlace con el texto aprobado, en el que el artículo no presentaba modificaciones. Sin embargo, esa versión no habría sido verificada a tiempo durante la consolidación del documento final.
Pese a las irregularidades señaladas, el presupuesto quedó en firme y el Ejecutivo podrá tomar como referencia el texto aprobado por las comisiones económicas conjuntas en el primer debate. Entretanto, algunos sectores plantean impulsar una iniciativa legislativa, denominada ‘ley de rescate’, para corregir los vacíos derivados del procedimiento.
Denuncias por el ‘Pacto de Valledupar’ también avanzan en el escenario político
En otro frente, las denuncias relacionadas con el denominado ‘Pacto de Valledupar’ buscan abrirse paso en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La Fiscalía ordenó compulsar copias para que se examinen señalamientos sobre una supuesta participación del expresidente Gustavo Petro en presiones a antiguos comandantes paramilitares para que declararan contra figuras políticas y jurídicas. No obstante, el expediente remitido por la Fiscalía todavía no habría llegado formalmente a esa instancia.
Hasta el momento se conocen al menos dos denuncias basadas en investigaciones del periodista Melquisedec Torres y declaraciones de Angie Rodríguez. Una fue presentada por el representante Jaime Arizabaleta y la otra por los congresistas de Salvación Nacional Carol Borda y Enrique Gómez.
La Comisión de Acusación deberá evaluar estos casos en medio de una importante congestión procesal. Las cifras conocidas indican que hay cerca de 2.500 expedientes pendientes de reparto, de los cuales alrededor de 300 están relacionados con actuaciones contra Petro. Se espera que durante la próxima semana las denuncias puedan acumularse para su asignación y que se determine el curso de las respectivas investigaciones.
