Los ex ministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves, fueron enviados a prisión por orden del Tribunal Superior de Bogotá en el marco de la investigación por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), informaron fuentes judiciales.
Bonilla fue capturado al finalizar la audiencia en la que se impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Velasco se entregó voluntariamente ante las autoridades en Cali para cumplir con la orden de captura.
Tras conocerse la decisión judicial, el presidente Gustavo Petro cuestionó la medida y puso en duda aspectos del proceso, señalando que la decisión de enviar a la cárcel a Bonilla representa un riesgo, lo que desencadenó reacciones y debates sobre la actuación de la justicia colombiana.
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Medida de aseguramiento y capturas
El Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los exministros Bonilla y Velasco por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, dentro de la macro investigación por el caso de corrupción en la UNGRD e Invías.
En el caso de Ricardo Bonilla, la captura se efectuó inmediatamente al finalizar la audiencia, tras la decisión de la magistrada de negarles la opción de detención domiciliaria y ordenar su traslado a prisión preventiva. Por su parte, Luis Fernando Velasco, que participó en la diligencia de manera virtual, se presentó ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Cali, dando cumplimiento a la orden de captura en su contra.
Contexto del caso y reacciones
La Fiscalía General de la Nación investiga un presunto entramado de corrupción que habría involucrado el direccionamiento irregular de contratos de la UNGRD y de Invías con el objetivo de asegurar apoyos políticos en el Congreso de la República, según las pruebas presentadas ante el tribunal.
En la audiencia, tanto Bonilla como Velasco rechazaron los cargos imputados en su contra y han anunciado que presentarían los recursos de apelación pertinentes ante la Corte.
La decisión del tribunal de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario fue fundamentada en que, a juicio de la magistrada, no se cumplían las condiciones necesarias para otorgar detención domiciliaria, por la gravedad de los hechos investigados y el riesgo para el proceso judicial si se les permitía una medida menos intensa.
