A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, surgieron denuncias sobre presuntas presiones ejercidas por integrantes de una estructura disidente de las Farc en zonas de Nariño para obligar a la población a participar en las elecciones. La situación quedó en evidencia tras la circulación de un audio en redes sociales en el que un supuesto integrante del grupo armado anuncia medidas dirigidas a los habitantes de la subregión de La Cordillera.
Según el contenido del mensaje, la organización ilegal habría ordenado la suspensión anticipada de algunas actividades laborales para facilitar el desplazamiento de quienes deben acudir a votar en otros municipios. Además, se advierte sobre posibles sanciones económicas para las personas que decidan no participar en la jornada electoral. Las restricciones estarían enfocadas principalmente en trabajadores del sector agrícola y sus empleadores.
En la grabación también se menciona que servicios como el transporte público, los establecimientos comerciales y los restaurantes continuarían operando normalmente durante esos días. Sin embargo, las advertencias relacionadas con multas y controles sobre la participación electoral han generado preocupación en distintos sectores políticos y sociales.
Frente a estos hechos, el Partido Conservador manifestó su inquietud por las denuncias de presuntas injerencias de grupos armados ilegales en el proceso electoral. La colectividad señaló que existen alertas sobre situaciones similares en varias regiones del país, entre ellas Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare, Huila y Chocó, donde se habrían reportado amenazas, presiones contra votantes y mecanismos de control ilegal del sufragio.
A través de un comunicado, el partido solicitó al Gobierno nacional, a los organismos de control, a las autoridades electorales y a la comunidad internacional reforzar las medidas de vigilancia y seguridad para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre. Asimismo, insistió en que cualquier señal de intimidación o intervención de grupos armados debe ser investigada para preservar la transparencia y legitimidad de los comicios presidenciales.
