La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó su inconformidad con la decisión de la Fiscalía General de la Nación de llamarlo a indagatoria dentro de la investigación relacionada con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia entre 1996 y 1997, cuando ejercía como gobernador del departamento.
El abogado Jaime Granados aseguró que la medida fue adoptada antes de que concluyera la práctica de pruebas que habían sido solicitadas por la defensa y autorizadas por la propia Fiscalía. Según explicó, incluso existía una ampliación del plazo para continuar con esa etapa procesal, por lo que consideró que la decisión resulta prematura y contraria a las garantías de su defendido.
Granados también cuestionó el momento en que se produjo la citación, al señalar que coincide con los días previos a la segunda vuelta presidencial. A su juicio, la actuación genera dudas debido a la cercanía del proceso electoral y afirmó que la resolución presenta inconsistencias que reflejarían una actuación apresurada.
La investigación busca determinar posibles responsabilidades por las masacres de El Aro y La Granja, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Dentro del proceso, la Fiscalía examina eventuales vínculos entre autoridades de la época y estructuras paramilitares que operaban en la región.
Por su parte, la defensa sostiene que las pruebas recopiladas durante años favorecen al exmandatario y recordó que varios de los hechos ya fueron objeto de análisis por parte de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre los cuestionamientos formulados por el equipo jurídico de Uribe y continúa con el avance de una de las investigaciones más sensibles de la historia reciente del país.
