La Corte Constitucional de Colombia tumbó el nuevo intento del Gobierno para retomar las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con el polémico herbicida glifosato, a la vez que reafirmó la necesidad de consulta previa en las comunidades afectadas.
La Corte reconoció “los derechos fundamentales al debido proceso, a la participación, a la consulta previa y de acceso a la información de los demandantes”, ante la posible reanudación de esta técnica de erradicación forzosa de cultivos ilícitos, suspendida desde 2015.
La Policía Nacional había presentado un Plan de Manejo Ambiental en el que se argumentaba que el terreno en el que se fumigaría con el químico no pertenecía a comunidades indígenas, justificando el retorno del glifosato.
Lo de no consultar a las comunidades también fue avalado por el Ministerio del Interior, quien certificó que en las áreas afectadas por el programa no había presencia de comunidades étnicas. Y a su vez la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -Anla- dio luz verde al programa de la Policía para volver a la aspersión aérea con glifosato.
