Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Néstor Luis Castro Méndez, alias ‘Maracucho’, señalado por la Fiscalía General de la Nación como uno de los presuntos cabecillas del Tren de Aragua en Bogotá. De acuerdo con el ente investigador, el procesado habría dirigido diversas actividades ilícitas en el centro de la capital y administrado rentas criminales que superarían los 1.075 millones de pesos. La Fiscalía le imputó el delito de concierto para delinquir agravado; sin embargo, el señalado no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.
Según la investigación, alias ‘Maracucho’ habría asumido funciones de coordinación dentro de la organización desde febrero de 2023. Entre las actividades que presuntamente lideraba se encontraban el cobro de extorsiones a comerciantes y residentes, la supervisión de expendios de estupefacientes y la administración de inmuebles utilizados para la comercialización de droga y bajo la modalidad de “paga diario”. Las autoridades también lo relacionan con el almacenamiento y la venta de vehículos, motocicletas, celulares y autopartes que, al parecer, provenían de diferentes hurtos cometidos en la ciudad.
Las investigaciones permitieron establecer que la organización concentraba su accionar principalmente en la localidad de Santa Fe y el sector del Centro Internacional de Bogotá. En estas zonas, alias ‘Maracucho’ presuntamente coordinaba un componente armado encargado de ejercer vigilancia, intimidar a comerciantes y habitantes y garantizar el control de las actividades ilegales. De acuerdo con la Fiscalía, este esquema criminal generaba ingresos superiores a los 1.075 millones de pesos para la estructura delincuencial.
Con los elementos materiales probatorios y la evidencia recopilada durante la investigación, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales solicitó la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Tras valorar el material presentado, el juez consideró procedente la solicitud y ordenó el traslado del procesado a un establecimiento carcelario, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial en su contra y se determina su responsabilidad en los hechos investigados.
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