La propuesta del alcalde de Quinchía, Risaralda, Jader de Jesús Clavijo Bañol, de imponer sanciones a quienes alimenten o suministren agua a un grupo de cinco perros callejeros conocidos como “la banda del Serrucho”, generó un amplio debate en el país sobre el bienestar animal y las medidas para atender la problemática de los animales en condición de abandono.
El mandatario explicó que los caninos representan un riesgo para la convivencia ciudadana debido a que persiguen motociclistas, han intentado atacar a algunas personas y permanecen en espacios públicos donde, según afirmó, se generan problemas por la acumulación de desechos. Incluso pidió el respaldo de los comerciantes para evitar que los animales reciban alimento o agua en establecimientos públicos, iniciativa que fue cuestionada por organizaciones defensoras de los animales, las cuales consideran que la respuesta debería centrarse en programas de esterilización, atención veterinaria y fortalecimiento de las estrategias de adopción.
La polémica llegó hasta el Congreso de la República, donde la senadora Andrea Padilla criticó la propuesta y cuestionó las acciones implementadas por la administración municipal para proteger a los animales sin hogar, como campañas de esterilización, servicios veterinarios, centros de bienestar y la aplicación de la legislación contra el maltrato animal.
Ante las críticas, Clavijo aseguró en una entrevista radial que sus declaraciones fueron sacadas de contexto de una conversación más extensa y anunció ajustes a un decreto municipal relacionado con la convivencia. Aunque inicialmente afirmó haber dado la instrucción de aplicar comparendos, posteriormente señaló que esa medida no está contemplada en la normativa vigente.
El alcalde justificó la preocupación de su administración al revelar que en Quinchía se han registrado más de 160 accidentes por mordeduras de perros, de los cuales más de 70 ocurrieron durante el presente año. Asimismo, indicó que el municipio, por ser de sexta categoría, no dispone de los recursos suficientes para construir un albergue temporal para animales, pese a los lineamientos que exigen este tipo de infraestructura a las administraciones locales.
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