Sin una respuesta oficial del Ministerio de Salud, se encuentra una carta de alerta enviada por tres de las cinco EPS más grandes de Colombia, sobre una “seria dificultad de prestar los servicios y continuar con sus operaciones después de septiembre”.
Las EPS bien establecidas y de alta calificación, advierten que enfrentan un posible estancamiento en la atención básica. La carta fue enviada el 27 de julio y hasta el momento, no ha habido respuesta oficial del Ministerio de Salud.
La misiva firmada por los presidentes de las EPS Sura, Sanitas y Compensar, que cuentan con 13 millones de afiliados, aseguran estar en una situación desesperada y reconocen que no cumplirán al final de este año con los indicadores financieros exigidos por el Gobierno.
Reconocen que este problema lleva años acumulándose, por lo que no obedece a una responsabilidad directa del actual Gobierno. “Pero sí es a esta administración a la que le corresponde encontrar solución”.
Entre las causas, que justifican haber llegado a esa situación, se encuentran tres hechos estructurales del sistema: el valor de la UPC (los recursos que el Estado paga por cada afiliado) es insuficiente para cubrir el Plan Básico de Beneficios; una concentración asimétrica de las cargas de enfermedad, porque las EPS mejor reputadas reciben a los enfermos más graves, pero en dinero por ellos, reciben lo mismo que por una persona que no tiene enfermedades serias; y el retraso del Gobierno en pagar las deudas por Covid-19, recobros, presupuestos máximos, licencias e incapacidades.
Afirman que la intención con esta carta es actuar con responsabilidad ante el Sistema de Salud y que en los últimos dos años han agotado el capital construido en más de 20 años de existencia: $415 mil millones, en el caso de Sanitas, $400 mil millones en el de Sura y $279 mil millones en el de Compensar.
Los presidentes de estas EPS, Pablo Otero (Sura), Juan Pablo Rueda (Sanitas) y Andrés Barragán (Compensar), le piden al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, “apalancar un Sistema que cuide el avance alcanzado y donde se revisen los temas que aún necesitan transformarse, con la celeridad que reconozca la situación actual y la necesidad de mantener un modelo que cuide a los usuarios”.
Además del riesgo de 13 millones de personas que en menos de dos meses podrían quedarse sin servicio, más de 34 mil empleos directos y 136 mil indirectos también estarían en dificultades de ser sostenidos.
