Conscientes de la necesidad de producir sanciones con celeridad y de la creciente demanda de la sociedad y las víctimas por resultados, la JEP realiza una jornada de trabajo en Palomino, La Guajira, con el acompañamiento de autoridades indígenas de la Sierra Nevada. Este espacio de diálogo y reflexión, impulsado por una fundación privada no vinculada al gobierno de Estados Unidos, tiene como objetivo fortalecer y acelerar los procesos dentro de la Jurisdicción.
Los magistrados y magistradas y la alta dirección de la Secretaría Ejecutiva (SE) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se reúnen con expertos internacionales en justicia transicional y restaurativa. Este encuentro, que se lleva a cabo entre el 3 y el 5 de abril, tiene como objetivo principal acelerar la toma de decisiones estratégicas dentro de la Jurisdicción, con énfasis en la imposición de sanciones propias y otros aspectos clave en su misión de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más atroces ocurridos en el conflicto.
Uno de los ejes centrales del encuentro es analizar los retos que enfrenta la magistratura y la Secretaría Ejecutiva en la imposición de sanciones propias a los comparecientes de las Farc-EP y de la fuerza pública hallados como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La discusión se centra en cómo aplicar este tipo de justicia en un contexto tan complejo como el colombiano, garantizando el cumplimiento de los estándares internacionales y el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Asimismo, se busca asegurar que las sanciones impuestas a quienes aporten verdad y reconozcan su responsabilidad sean viables, sostenibles y efectivas, evitando que queden solo en el papel.
Este intercambio de experiencias y conocimientos también busca fortalecer la coordinación interna y externa para la aprobación de los proyectos de sanción, incorporando un enfoque restaurativo que responda tanto a las necesidades de las víctimas como a las capacidades reales del Estado para garantizar su implementación en los territorios afectados. Además, apunta a que estas sanciones contribuyan de manera efectiva a desarticular los factores que perpetúan la violencia y a transformar las condiciones necesarias para allanar el camino hacia la paz.
Durante este espacio, precisamente, las magistradas y magistrados se reunieron con autoridades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, centrado en la victimización sufrida durante el conflicto armado. En este espacio se solicitó la adopción de medidas cautelares para proteger el Territorio y se acordó una agenda de trabajo conjunta que incluye la participación de la Procuraduría delegada ante la JEP.
La JEP trabaja en coordinación con el Gobierno Nacional, los gobiernos locales, la cooperación internacional, organizaciones civiles y el sector privado para implementar las sanciones propias y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, respondiendo a las demandas de las víctimas y las comunidades más afectadas por el conflicto armado.
