Con voz quebrada porque los niños wayuú se siguen muriendo por factores asociados a la desnutrición, Ruth Chaparro contó en el debate de control político al suministro de agua potable en La Guajira en cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 de la comisión cuarta del Senado, cómo el Estado Colombiano no ha sido capaz de proteger a los menores a pesar de que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en el Departamento.
Ruth, presidenta de la Veeduría Ciudadana a la sentencia, junto a su grupo de trabajo, dedican su tiempo a documentar en terreno los compromisos del gobierno nacional, sus ministerios, la Gobernación de La Guajira, los municipios de Maicao, Riohacha, Manaure y Uribia, en el cumplimiento de la sentencia encontrando unos resultados negativos producto de lo que ella califica como una conducta negligente de los funcionarios.
“Esto es comportamiento institucional negligente, no hay voluntad política, donde hay recursos y soluciones, reuniones improductivas, procesos que no producen impacto, esa cultura que no se puede tenemos que pararla, no podemos seguir echándonos la culpa, siempre la información es defensiva, yo siento que no nos convocan los niños, cuando voy a dar un informe estoy defendiéndoles no protegiéndolos”, dijo.
Además, mostró su profunda preocupación por las entidades de control como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría, quienes, dentro de la sentencia, debían jugar un papel protagónico pero sus informes son tibios, no producen resultados.
En su intervención, expresó que las acciones de los responsables de hacer cumplir la sentencia son desarticuladas y no efectivas porque los niños se siguen muriendo y la desnutrición sigue siendo alta.
“Entiendo que es un problema estructural, como mejorar y sembrar y producir comida sino hay agua, como se va a cumplir con los procesos de soberanía alimentaria que están contemplados en la sentencia sino se garantiza el agua”, precisó.
En ese sentido, agregó que por lo menos se debería tener un plan articulado de agua donde se definan sus fuentes, recursos, actores, tiempo, presupuesto, pero lamentablemente tampoco existe ese plan.
Advirtió también que entregaron información documentada al Viceministerio de Agua, sobre 29 pozos que hizo la alianza por el agua y que no están funcionando. “Entregamos un informe hace un año a todas las entidades y nada pasa”, manifestó.
A renglón seguido, puntualizó: “el gobierno actual culpó al anterior, dijeron solo vamos a hacer pilas públicas, cuando se pedía un plan articulado, entonces durante cuatro años dilatando, dilatando, para que heredara el siguiente gobierno los problemas, digamos que no hay avance”.
En sus palabras, la presidenta de la Veeduría Ciudadana a la Sentencia T-302 de 2017, en tono enérgico, se refirió al comportamiento institucional negligente del Estado colombiano, a la falta de voluntad política, muy a pesar de que se cuentan con recursos y soluciones que se pueden implementar.
Precisó que las reuniones sobre el tema son improductivas, procesos que no producen impacto por esa esa cultura de culpar al otro, “siempre la información es defensiva, yo siento que no nos convocan los niños, cuando voy a dar un informe estoy defendiéndoles no protegiéndolos”.
Pero fue más allá y aseguró que el Congreso de la República, además de legislar, tiene la misión de hacer control político, pero perdieron el partido contra la corrupción y el partido para garantizar la igualdad y la equidad en La Guajira.
“Cada niño que muere nos muestra como un país subdesarrollado, indolente y como una sociedad que no se conmueve con el dolor de los más débiles porque esto no es un asunto ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, esto no es un asunto de partidos es un asunto de ética y de profunda humanidad”, agregó.
Manifestó que la Sentencia T-302 es una gran oportunidad para la región, y para el país de jalonar un desarrollo centrado en los niños, sin mezquindades.
Dijo también que si se supera el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, es posible que supere el estado de cosas inconstitucional en el país.
Recordó que ahora se va a vender más carbón, razón por la cual le están diciendo al gobierno alemán que ponga como condición al país que se cumpla la Sentencia T-302 de 2017, y así transporte todo lo que quiera, pero que se cumplan las garantías mínimas que necesitan los niños.
“Me duele mucho decir esto, por una demanda contra el Estado colombiano por la muerte de los niños, hemos agotado los procedimientos, hemos hecho el paso a paso con un nivel técnico y académico alto y no ha sido posible, qué le vamos a decir a los niños, que nos quedó grande, que no fuimos capaces, yo confío en que Colombia es capaz de superar sus propias mezquindades”, manifestó.
De acuerdo con la cifra que maneja la veeduría ciudadana, durante estos últimos cuatro años han muerto en La Guajira 321 niños por causas asociadas a la nutrición.
