“No hay tal cosa como un voto que no importe. Todos son importantes”. Barack Obama
Estamos ad portas de un nuevo certamen electoral en el que se concurrirá a las urnas para elegir y ojalá renovar el Congreso de la República y para elegir Presidente de la República para el cuatrienio 2022 – 2026.
En medio de un clima de aversión por la política y los políticos, por la degradación de la primera y por la actitud y el comportamiento de muchos de estos últimos, que hacen todo lo posible por parecerse a la pésima percepción e imagen que la opinión pública tiene de ellos. Casos como el vergonzoso episodio reciente de “Anatolio vota sí” en la plenaria de la Cámara de Representantes, es una muestra palpable del aserto anterior.
Por ello, no es de extrañar que en la más reciente Encuesta de Invamer, la opinión desfavorable con respecto al Congreso de la República sea del 82% en el mes de octubre, habiendo alcanzado su peor registro en junio con el 87%.
Y muy de cerca le siguen los partidos políticos con el 86% y el 89%, para los mismos meses, compitiendo reñidamente con la opinión que tienen los colombianos de las desmovilizadas Farc (89%) y el ELN (92%). Lo más preocupante de este deplorable concepto en el que se tienen al Congreso de la República y a los partidos políticos es que se ha extendido a las demás ramas del poder, enfrentando a las cuestionadas instituciones democráticas del país a un grave predicamento.
Al igual que ocurrió con la pandemia del Covid-19, en donde la mayor propensión a infectarse y a un desenlace fatal está asociado a las preexistencias de las personas, cuando las instituciones entran en crisis, como la que actualmente se afronta, las primeras en resentirse y las que llevan la peor parte son aquellas que por su debilidad y baja resiliencia están más expuestas a su disfuncionalidad e inoperancia. Y este es el caso de La Guajira.
Como es bien sabido, nuestro Departamento ha estado al borde de convertirse en un departamento fallido, en medio de su falta de gobernabilidad y de viabilidad fiscal, que le han costado prácticamente una década perdida en su desarrollo económico y social.
Situación esta de la que apenas se empieza a reponer, después de un largo periodo en el que desde el Gobierno central y desde los organismos de control se le veía a La Guajira como el patito feo, recibiendo el trato y el tratamiento de tal. Por eso, el Departamento fue intervenido, por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) tomó sus incumplidas medidas cautelares y por ello mismo la Corte Constitucional se vio precisada a declarar el Estado de cosas inconstitucional.
Uno de los mayores retos que enfrenta el Departamento es el de sanear sus finanzas, lograr la estabilidad fiscal y con esta recobrar la confianza perdida en su gestión, así como la gobernabilidad, seriamente comprometida. Ello llevó al gobernador Nemesio Roys a celebrar con la Dirección de Apoyo Fiscal –DAF– del Ministerio de Hacienda un acuerdo de reestructuración de pasivos en los términos prescritos por la Ley 550 de 1999.
Es de advertir que la falta de gobernabilidad no se reduce sólo al Departamento. Según un estudio adelantado por la Universidad del Norte sobre la gobernabilidad local, ninguno de los 15 municipios pasó la prueba. Todos ellos afrontan situaciones críticas en sus finanzas, pues al igual que en el Departamento son muy exiguos sus recursos propios, dependiendo, cada vez en mayor medida, de las transferencias del Sistema General de Participaciones. Ello es tanto más preocupante en la medida que, según los más recientes registros, el índice de necesidades básicas insatisfechas de La Guajira es del 53.01, apenas superado por los departamentos de Chocó, Vichada y Guaviare.
Con este telón de fondo, La Guajira y los guajiros estamos llamados a demandar de quienes en trance electoral están en campaña proselitista, ya sea para llegar al Congreso o a la Presidencia de la República, un mayor y más serio compromiso con la suerte de nuestro Departamento.
El escepticismo por parte del pueblo es cada vez mayor y el mismo sólo se vence con el cumplimiento de las promesas, entre ellas la ejecución de la segunda fase del Ranchería, el cual se encuentra a medio palo y es uno de los más emblemáticos elefantes blancos a nivel nacional.
Votar es un derecho y un deber, que se debe ejercer con responsabilidad, tanto por parte de los elegidos como por parte de los electores, única manera de rescatar el valor de la Política con mayúscula y la confianza que se ha venido perdiendo sin remedio en las denostadas instituciones democráticas, legado este que por estos días se exaltan y se celebra la gesta visionaria y bicentenaria de sus artífices ¡Ello es lo que está en juego!
