La inseguridad ciudadana tiene muchas dimensiones y nace de distintas variables sociales, económicas, culturales y de los desbordes de la sociedad de consumo, afectando significativamente a los grupos más vulnerables y sin recursos para obtener seguridad privada, requiriéndose para combatirla efectivamente, un enfoque integral que incluya un modelo preventivo, programas de educación y deporte, especialmente en las comunidades con poblaciones más jóvenes. Violencia, delincuencia e inseguridad son de las mayores preocupaciones ciudadanas y tema recurrente que necesita del diseño e implementación de una iniciativa que permita abordar esta problemática integralmente, a fin de reivindicar vida humana, protección de sus derechos y desarrollo, en lo que debemos ayudar todos con coherencia y realidad a consolidar impactos ciertos, sustentables y sostenibles para el bienestar ciudadano, imponiendo modelos y estrategias que verdaderamente funcionen, siendo aquí donde el modelo de prevención muestra caminos posibles, ya que funciona desde una lógica proactiva al intentar evitar que el delito se cometa, enfocando y canalizando los esfuerzos interinstitucionales y multisectoriales en mitigar los factores de riesgo que llevan a la delincuencia, la violencia, la inseguridad y fortalecer los factores de protección.
Los índices de inseguridad que padecemos, hacen necesario frenar la violencia delictiva antes de que suceda, enfocarse en la juventud y permitir que sea ella parte del cambio, debiendo potenciarse los sistemas de seguridad pública integrados con los de educación, salud y desarrollo social; acudir a las organizaciones no gubernamentales, jóvenes, familias y comunidades, con el fin de hacer de cada ciudadano un agente de prevención de la violencia y el delito. La acción participativa y articulada entre los diferentes actores es fundamental para la eficacia de estas políticas de prevención.
Los jóvenes son hoy principales víctimas y victimarios. Los altos niveles de violencia inciden en los desplazamientos internos de la población y la emigración irregular a otros países. Crece como consecuencia de ello entre nosotros la llamada generación NI-NI, que ni estudia ni trabaja, siendo necesario reducir sus factores de riesgo, viabilizar las condiciones para que puedan desarrollar su potencial, tener proyectos de vida, perspectiva de futuro, y realizar sus sueños.
En materia de prevención son imperiosos espacios concretos de acción y una posibilidad real de arraigo y consolidación, tomar conciencia de que lo que está en juego en el ámbito de la seguridad pública es la vida de las personas, la felicidad de familias enteras, y la estabilidad y cohesión de nuestras comunidades, lo que no deja lugar para políticas improvisadas, importando que datos, estadísticas, e información de calidad y confiables sean la base para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas en materia de seguridad. Esto tan serio no puede ser coyuntural, sino que es necesario una cultura institucional y de trabajo que privilegie las evaluaciones de resultados y de impacto para saber, con base en evidencias, qué funciona y qué no; al tiempo de entender que debe tenerse una responsabilidad ineludible con la gente, un compromiso irrenunciable con la democracia y los derechos humanos, que obligan iniciativas y propuestas concretas que contribuyan, tangible y eficazmente, paso a paso, a ir incrementando la seguridad pública para retomar una convivencia social donde todos puedan progresar sin obstáculos.
