En estos días de reposo vemos la gran timidez con que la Contraloría General del departamento de La Guajira hace preguntas a los entes municipales sobre el impuesto de alumbrado público en cada uno de los 15 municipios del Departamento, pareciese que todavía esperan un milagro y que los estatutos tributarios de estos municipios de la noche a la mañana fuesen actualizados y cobraran a los contribuyentes municipales lo justo y con conocimiento claro e institucionalizado de los costos que se incurren por la prestación del servicio de alumbrado público y su posterior liquidación como impuesto.
Uno de los grandes robos que le hacen al pueblo guajiro está en el cobro del impuesto de alumbrado público y la descabellada forma de la liquidación del mismo por medio de la empresa comercializadora del servicio de energía eléctrica, los alcaldes y sus secretarios de Hacienda regularmente no hacen la liquidación que les obliga la ley, estos secretarios dejan en manos del comercializador de turno la liquidación del impuesto por método liquidación del consumo, pero hay que resaltar que la resolución CREG 122 del 2011, regula los lineamientos fijados por la Ley 1386 del 2010. “Por lo cual se prohíbe que las autoridades territoriales deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan otras disposiciones”.
Hoy vemos que la nueva empresa comercializadora Aire tiene la facultad de liquidar el impuesto de alumbrado público de los municipios y que solo le pasan un papel de un folio donde le dicen a los alcaldes y secretarios de Hacienda; facturamos $200 millones, recaudamos $150 millones, nos mochamos por derecha por suministro de energía a las luminarias que componen el sistema de alumbrado público local $71 millones y el resto (remanente) lo giramos a una fiducia que tiene sede en Cali, todos firman, todos aprueban y el ciudadano común no sabe el porqué usuarios como el Hospital San José de Maicao le son facturados más de $10 millones mensuales por concepto del tributo de alumbrado público sin siquiera conocer cuáles son los costos que se incurren por la prestación del servicio, así estamos y así lo acepta la Contraloría General del departamento de La Guajira.
Los usuarios por ley tienen el derecho a conocer los costos en que incurre los municipios por la prestación del servicio de alumbrado público y su base de liquidación como tributo, tan así es, que debe estar colgada en la página digital de cada Secretaría de Hacienda dispuesta para que cada consultor pueda tener fácil acceso a ella y verificar si en la liquidación del impuesto le están cobrando lo justo, pero eso sería lo ideal en un país civilizado, no en el tercermundista Colombia.
Ahora lo que esperamos es una embestida desproporcionada de la Contraloría contra todos los alcaldes por un error donde han caído hasta ellos, puede pasar como el caso del alcalde de Albania, Pablo Parra, que solicitó se investigara la liquidación del subsidio de Apsb y la Contraloría encontró el hallazgo denunciado por más de $220 millones y el que casi termina sancionado es él por parte de un ente que debe garantizar la buena utilización de los recursos del erario y sancionar al que se los pretenda robar.
Es tan grande el desconocimiento en este tema, que un informe sobre una alcaldía en particular, me fue solicitado por una empresa concesionaria para analizarla y ver en qué se incurría por la mala liquidación del tributo de alumbrado público, Dios quiera y el contralor reconozca que en este bello Departamento, todos estamos casi ciegos por la ignorancia de temas de interés público y que los tuertos y embelecos vienen del nivel central Colombiano.
