Han pasado casi nueve años desde que la Sentencia T-302 de 2017 reconoció la vulneración de los derechos fundamentales de la niñez wayuú y ordenó al Estado adoptar medidas concretas para garantizar agua potable, alimentación, salud y condiciones dignas de vida. Sin embargo, la inspección realizada entre el 26 y el 28 de agosto de 2026 vuelve a encontrar una realidad que parece diseñada para desmentir los informes oficiales de cumplimiento.
Lo único que se ha cumplido, es una andanada de viajes, reuniones, mesas técnicas, visitas de funcionarios, compromisos, diagnósticos y documentos. Pero en las comunidades siguen faltando las soluciones que dieron origen a la decisión judicial.
Lo encontrado en la comunidad de Paraíso, a 18 kilómetros de Riohacha, en la vía a Cuestecita, produce vergüenza. En medio de la sequía, emerge la planta procesadora de agua de Romonero. Se inició con el programa Guajira Azul, la terminaron, pero siete años después la Alcaldía Distrital, se ha negado a recibirla.
La Corte encontró en Jojoncito, Uribia, una comunidad consumiendo agua de un reservorio superficial contaminado con microalgas y heces de animales. En otras comunidades dispersas ni siquiera se garantiza el mínimo vital de 20 litros diarios por persona. ¿Qué explicación puede ofrecer el Estado después de nueve años?
Las obras tampoco permiten celebrar. Algunas están inconclusas, otras avanzan lentamente y otras, según lo constatado, ni siquiera han comenzado.
En salud, el panorama tampoco cambia. EPS contratadas aparecen inactivas o sin operación efectiva en el territorio, mientras niños y madres gestantes enfrentan barreras geográficas y administrativas para recibir atención básica. Y ahora el Programa de Alimentación Escolar, PAE, aparece bajo amenaza por dificultades burocráticas que podrían terminar afectando directamente la alimentación de los estudiantes.
Hay una paradoja que resulta difícil de aceptar: entre los pocos avances verificables aparece la traducción de algunos textos del español al wayuunaiki. Traducir información puede ser necesario y constituye un reconocimiento cultural importante. Pero no puede presentarse como sustituto de aquello que realmente ordenó la Corte: agua segura, servicios de salud, alimentación adecuada e infraestructura que funcione.
La Corte Constitucional ha vuelto a La Guajira y encontró nuevamente las necesidades que justificaron la Sentencia. Esta vez no deberían bastar las explicaciones.
El país necesita responsables, fechas, obras terminadas y resultados medibles. Y si existen recursos ejecutados en proyectos que permanecen abandonados o inconclusos, también deben establecerse responsabilidades.
Tres presidentes: Santos, Duque y Petro, han cabalgado sobre las necesidades de la gente, a quienes les llenaron sus canecas de mentiras, sin que el agua potable apareciera por ningún lado. La Guajira ya no necesita más viajes. Necesita que las órdenes se cumplan.
