La Fiscalía General de la Nación judicializó al exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto por su presunta participación en las irregularidades detectadas durante la contratación para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, un acuerdo suscrito por 32 millones de dólares.
De acuerdo con la investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el exfuncionario habría intervenido en el proceso contractual sin tener competencia para ello, orientando la contratación mediante la modalidad de selección directa reservada con el presunto propósito de beneficiar a una empresa representada por un ciudadano estadounidense.
El ente acusador sostiene que la compañía favorecida no cumplía con los requisitos técnicos, jurídicos ni financieros exigidos para ejecutar el contrato. Además, Suárez Soto habría participado en reuniones para modificar las condiciones del proceso de contratación, flexibilizando algunos requisitos, manteniendo contacto directo con los contratistas y realizando gestiones ante la Aeronáutica Civil para facilitar un trámite considerado esencial para la ejecución del acuerdo.
La Fiscalía también señaló que el entonces viceministro conocía conceptos técnicos y jurídicos que advertían sobre las deficiencias del contratista. A pesar de ello, presuntamente ordenó que un funcionario específico asumiera la evaluación financiera dentro del proceso.
Tras la declaratoria de incumplimiento del contrato, las autoridades indicaron que aún están pendientes de reintegro más de 13 millones de dólares, recursos cuyo destino continúa siendo materia de investigación dentro del proceso que adelantan los organismos competentes.
