Los pescadores indígenas de la zona de El Pájaro, Mayapo, Mushichi, no alcanzan a entender, cómo de la noche a la mañana, van a tener un islote metálico que flotará frente a sus costas, sin que nadie explique qué beneficios le traerá a su región.
Por eso, la instalación de una gasificadora flotante frente a la estación Ballenas, vuelve a poner sobre la mesa una vieja discusión que este Departamento conoce demasiado bien: ¿puede seguir hablándose de desarrollo cuando las decisiones se toman en Bogotá?
La gigantesca infraestructura permitirá importar hasta 250 millones de pies cúbicos diarios y reforzar el suministro energético hacia el centro del país, aprovechando la conexión existente con el sistema nacional de transporte de gas. Una apuesta técnica que, en el papel, responde a una necesidad nacional de seguridad energética.
Pero en La Guajira las preguntas son otras. ¿Será necesaria una Consulta Previa con las comunidades wayuú? La respuesta no debería estar en interpretaciones convenientes ni en tecnicismos jurídicos, sino en el principio constitucional que protege la participación de los pueblos indígenas cuando una obra pueda impactar directa o indirectamente su territorio, su cultura, sus dinámicas sociales o su relación con el mar.
No se trata de oponerse al desarrollo ni de bloquear proyectos estratégicos para Colombia. Se trata de algo más elemental: respeto. Porque si durante décadas La Guajira ha entregado carbón, gas, sal, viento y sol al país, resulta apenas razonable que hoy exija ser escuchada antes de que una nueva infraestructura se imponga frente a sus costas.
Más aún cuando persiste una inquietud legítima: ¿qué gana realmente esta región si el gas será transportado hacia el interior? La experiencia ha enseñado a los guajiros a desconfiar de las promesas de progreso. El Cerrejón dejó millonarias utilidades, pero también profundas brechas sociales. Hoy muchas comunidades siguen sin agua potable, sin energía continua, sin vías adecuadas y sin oportunidades reales.
En ese contexto, los resultados de la reciente reunión tripartita en Riohacha representan una señal interesante. La institucionalización de este modelo de diálogo entre Estado, empresas y comunidades busca precisamente destrabar proyectos energéticos con participación social y reglas claras. Además, desde ese escenario se insistió en que la transición energética debe construirse con justicia territorial, pero con la participación de todos los actores.
La gasificadora de Ballenas no puede convertirse en otro capítulo de manejo del gas, sin retorno. Si La Guajira va a seguir siendo epicentro energético de Colombia, debe recibir beneficios tangibles: empleo local calificado, inversión social verificable, fortalecimiento de servicios públicos y, sobre todo, participación efectiva del pueblo wayuú.
Porque el desarrollo que no consulta, no dialoga y no compensa, termina pareciéndose demasiado al despojo.
