El eventual regreso de operaciones vinculadas a Pdvsa en Colombia debería encender, más que expectativas, una profunda reflexión. No se trata solo de restablecer relaciones energéticas entre dos países históricamente interdependientes, sino de revisar con rigor un pasado reciente plagado de sombras, silencios y responsabilidades sin resolver.
El caso de Pdvsa Gas Colombia es emblemático. Entre 2007 y 2015, según el Ministerio Público Venezolano, se produjo un desfalco cercano a los 100 millones de dólares en esta filial. La entonces gerente, Sarah Moya, habría manejado sin supervisión más de 221 millones de dólares, incluidos recursos derivados del convenio con Ecopetrol.
Las irregularidades denunciadas no son menores: contratación directa irregular, pagos sin soporte, uso de tarjetas corporativas para gastos personales, adquisición masiva de tiquetes aéreos y adjudicación de contratos a empresas vinculadas. Todo esto bajo la presunta complicidad de superiores y en abierta violación de normas de contratación estatal.
Pero más allá del escándalo judicial, lo verdaderamente preocupante es el vacío que quedó. ¿Dónde está hoy la principal responsable? ¿Qué pasó con los procesos judiciales? ¿Quién responde por los recursos perdidos? Y, sobre todo, ¿qué explicación existe para la abrupta suspensión del suministro de gas a Venezuela sin que se conocieran con claridad las razones contractuales o políticas?
El silencio ha sido la constante. Ni desde Venezuela ni desde Colombia se han ofrecido respuestas contundentes. La opacidad terminó siendo la norma en un tema que comprometía no solo recursos públicos millonarios, sino también la seguridad energética de ambos países.
Hoy, cuando se habla de retomar acuerdos energéticos binacionales, resulta inevitable preguntarse si existen las garantías suficientes para evitar que la historia se repita. La confianza, una vez quebrada, no se reconstruye con discursos diplomáticos, sino con transparencia, rendición de cuentas y justicia efectiva.
Colombia no puede permitirse entrar nuevamente en una relación energética sin exigir claridad sobre lo ocurrido. Tampoco puede normalizar que un caso de esta magnitud haya quedado en la impunidad mediática y política. El país necesita respuestas, no solo por lo que ocurrió, sino por lo que podría volver a ocurrir.
El regreso de Pdvsa a Colombia no debe ser un simple capítulo de reactivación económica. Debe ser, ante todo, una oportunidad para exigir memoria, responsabilidad y garantías. Porque sin verdad, cualquier acuerdo será apenas un nuevo riesgo disfrazado de cooperación.
De acuerdo a algunas informaciones, el convenio suscrito para el transporte de gas natural desde Ballenas, hasta Maracaibo, no se cumplió. La gente en La Guajira, tiene expectativas sobre el regreso de Pdvsa a Colombia. Todos esperan que se aclaren algunas situaciones.
La otra pregunta es, ¿se encuentra el gasoducto Antonio Ricaurte, en capacidad de operar de manera inmediata? Qué hablen los expertos.
