Este es un país sin memoria. Ya se olvidó que Gustavo Petro, durante su Alcaldía en Bogotá, adquirió una flota de camiones compactadores para solucionar la crisis de las basuras que resultó ser chatarra inservible. Esa plata se perdió.
Como dice el dicho: “el ladrón juzga por su condición”. Por eso, apenas conoció el accidente del Hércules de la FAC, lo primero que se le ocurrió decir al hoy presidente fue que el avión era ‘chatarra’.
Después, el país fue testigo de cómo, en pleno Consejo de Ministros, el mandatario hizo alarde de su habitual verborrea para fungir como experto en aviación militar, insistiendo en que la antigüedad de la aeronave fue la causa directa de la tragedia. Sin embargo, el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la institución, le salió al paso con rigor técnico.
Con la autoridad de quien conoce sus máquinas, le explicó al mandatario que ese avión Hércules C-130 no era una ‘chatarra’ y que podía volar durante muchos años más, recordándole una máxima de la aviación: la edad cronológica no es lo mismo que la vida útil. Mientras Petro buscaba un culpable político en el metal viejo, el general le hablaba de estándares internacionales de mantenimiento que el presidente, simplemente, prefirió ignorar.
Las cifras, además, desarmarían cualquier discurso populista. Mientras el presupuesto global de Defensa se infla en el papel para cubrir burocracia, la inversión real en mantenimiento para la FAC ha sufrido una caída proyectada del 30%. No es que los aviones sean simplemente viejos; es que el Gobierno ha sido incapaz de ejecutar los recursos: a mitad de 2025, apenas se había ejecutado el 19,2% de lo asignado para inversión.
El resultado de esta negligencia es una tragedia nacional con 69 militares fallecidos en una racha de accidentes que, bajo este Gobierno, ocurre en promedio cada 100 días.
Es bien sabido que el presidente alberga un ‘pequeño dictador’ al que le enfurece la contradicción. Por eso hoy el general Silva, tras el ‘pecado’ de desmentirlo con la verdad técnica, se encuentra en la cuerda floja, con su carrera pendiendo de un hilo por el simple hecho de defender la operatividad del Hércules 1016.
Para un mandatario, que jamás asume responsabilidad alguna, resulta muy conveniente culpar a la ‘vejez’ de las máquinas; es la cortina de humo perfecta para ocultar que la plata de los repuestos se queda atrapada en los escritorios de su Administración.
A Petro, que se regocija en el victimismo y en la narrativa de que es un perseguido al que le achacan todos los males, parece habérsele olvidado —a casi cuatro años de mandato— que él es el único responsable de lo que ocurre en su administración. No, señor presidente, no busque el ahogado río arriba: el culpable no es su antecesor por recibir la donación de estos aviones de manos de nuestro principal aliado.
El responsable es su Gobierno, que entre la asfixia presupuestal y la desidia administrativa, ha sido incapaz de garantizar un programa de mantenimiento a la altura de las vidas que estas aeronaves transportan. Por lo tanto, el responsable de la muerte de esos 69 compatriotas héroes es este Gobierno del ‘cambio’.
A una semana del siniestro en Puerto Leguízamo, Putumayo, y aunque las investigaciones oficiales apenas comienzan, ya emergen relatos que dejan mal parado al Ejecutivo. El representante José Jaime Uscátegui recordó que, en un debate de control político, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue advertido explícitamente sobre las fallas técnicas que presentaba el avión accidentado.
Sin embargo, no se tomaron las medidas suficientes. Esta presunta omisión en el mantenimiento convierte una tragedia técnica en una responsabilidad política ineludible: el Gobierno conocía el riesgo y prefirió mirar hacia otro lado.
La coartada del presidente se cae por su propio peso cuando se revisan los expedientes: el Gobierno anterior no solo recibió la donación, sino que dejó debidamente contratado el mantenimiento para este avión y para los otros tres Hércules entregados por los Estados Unidos. Existía una hoja de ruta técnica y financiera para asegurar su operatividad.
Sin embargo, bajo la Administración del ‘cambio’, ese proceso parece haberse estancado en la desidia. No es que los aviones fallaran por viejos; fallaron porque este Gobierno rompió la continuidad de los contratos y permitió que la burocracia venciera a la seguridad aérea.
Esta tragedia duele profundamente por la pérdida de vidas humanas, pero más allá del luto nacional y el dolor de las familias, emergen indicios graves de negligencia que apuntan a una presunta responsabilidad por homicidio culposo. Porque, seamos claros: si como afirmó el presidente, ese avión era ‘chatarra’ —lo que en su significado literal implica algo inservible y peligroso—, ¿cómo explica el Gobierno que, sabiendo esto, permitiera que siguiera operando y exponiendo la vida de sus usuarios?
Esa confesión presidencial es la prueba reina de una desidia letal. Las autoridades deben determinar ahora quiénes son los responsables de estas 69 víctimas de la negligencia administrativa del Estado. No es ensañamiento político; es un necesario acto de justicia.
