Doce personas han sido asesinadas en diferentes hechos en el departamento de La Guajira, en lo que va corrido de este 2026, generando angustia en la población.
Los grupos que actúan al margen de la Ley siguen mostrando todo su poder delincuencial a pesar del trabajo de los agentes de la Policía y el Ejército Nacional para neutralizarlos.
Los antisociales desbordan toda su capacidad de maniobra para seguir demostrando poder que los lleva a apoderarse de ciertos territorios que terminan vedados para quienes deben garantizar la seguridad ciudadana.
En un reciente consejo de seguridad, en el que participó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se definieron algunas acciones para evitar que esos grupos delincuenciales sigan sembrando terror en el departamento de La Guajira.
Es urgente que el trabajo de inteligencia se fortalezca para que logren capturar a quienes siguen en la disputa armada como lo son el Ejército Gaitanista de Colombia, y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
Es importante recordar la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, sobre los graves impactos que está generando en el Departamento la confrontación armada de esos grupos sobre los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población civil, como comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, además de menores de edad, jóvenes, mujeres, población con orientación sexual e identidad y expresión de género no hegemónica, personas defensoras de derechos humanos y de quienes ejercen liderazgos sociales.
Se precisa en el informe de la Defensoría que todas están expuestas a múltiples repertorios de violencia, que incluyen confrontaciones armadas, homicidios selectivos y múltiples, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos prolongados, reclutamiento y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, así como la imposición de ‘normas de conducta’, restricciones a la movilidad, extorsiones y amenazas.
Además, que la presencia armada de esos grupos armados no estatales despoja a las comunidades de sus derechos, fragmenta el tejido social, impone economías criminales y amenaza directamente bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como escuelas, centros de salud y lugares sagrados de los pueblos indígenas. Además, los corredores estratégicos de la Troncal del Caribe y de la Sierra Nevada de Santa Marta están siendo copados por estas estructuras, que buscan imponer ‘gobiernos de facto’ (sin un fundamento legal) mediante la violencia, el miedo y el control social.