A pocas horas de sacrificar el tradicional pavo de año nuevo, que le deja el 2025 a los habitantes de La Guajira. Será que se han cumplido las predicciones, programas de gobierno y las promesas al son de los pitos y el famoso ‘faltan cinco pa’ las doce’. ¿Disfrutaremos de un pavo bien engordado, sazonado con las especias originales, preparado por los chef de cocina elegido para cumplir con sus funciones?
El balance final 2025, tiene mejoras, pero nos obliga a la mesura para el 2026, porque se trata de un año electoral, en donde elegiremos nuevos congresistas y presidente de la República. Es la sociedad civil, el pueblo, al que le corresponde tomar decisiones mesuradas, serias y no producto de emociones transitorias, que después nos generan cuatro años de profundos guayabos, con sus respectivos arrepentimientos.
Este, a diferencia de los anteriores, no fue un año perdido, al menos para la Administración departamental. No podemos aplicar un triunfalismo, pero sí, reconocer que se han intentado cambiar los viejos esquemas, a diferencias de otros años, en donde los episodios judiciales, acostumbraron a la Nación a recibir noticias desagradables del bello territorio peninsular.
Podemos asegurar que el Departamento muestra algunos avances claves, mientras en otros confirmó que los problemas estructurales siguen intactos y exigen decisiones más profundas y sostenidas.
En el lado positivo, uno de los hechos más relevantes fue el fortalecimiento institucional. La Guajira logró una mayor presencia en la agenda nacional y empezó a ser observada no solo por sus carencias históricas, sino también por experiencias de gestión que comienzan a mostrar resultados. El manejo de los programas de agua potable marcó un punto de inflexión: hubo mejor planeación, mayor seguimiento y una ejecución más coherente frente a años anteriores. Aunque el acceso al agua sigue sin resolverse de manera definitiva, en 2025 se sentaron bases que no pueden desconocerse.
Otro aspecto favorable fue el impulso a la educación. La política de gratuidad y los esfuerzos por ampliar cobertura en todos los niveles representaron un alivio para miles de familias, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas. A esto se suma una mayor articulación con el Gobierno nacional en proyectos estratégicos de infraestructura, energía y transición energética, que mantienen a La Guajira como un territorio clave para el futuro económico del país.
Sin embargo, los aspectos negativos siguen siendo contundentes. La inseguridad vial continuó dejando un alto número de víctimas, reflejo de carreteras deterioradas, falta de control y ausencia de una política integral de movilidad. La violencia, tanto urbana como rural, persistió en varios municipios, afectando la tranquilidad ciudadana y frenando procesos de desarrollo local.
El frente social tampoco mostró los avances esperados. La pobreza, el desempleo y la informalidad siguen golpeando a amplios sectores de la población. Muchas comunidades indígenas continúan reclamando atención integral y soluciones estructurales, más allá de programas temporales. A ello se suma la demora en la ejecución de obras públicas, algunas de ellas anunciadas reiteradamente y aún inconclusas, lo que alimenta la desconfianza ciudadana.
Así, el balance del 2025 para La Guajira es complejo. Hubo avances reales que deben protegerse y fortalecerse, pero también persistieron fallas que no admiten más dilaciones. El desafío hacia el 2026 será convertir los logros en políticas sostenibles y enfrentar con decisión los problemas que siguen postergándose. La Guajira necesita continuidad en lo que funciona y cambios profundos donde el rezago sigue siendo la regla.