La decisión del Consejo Nacional Electoral, a menos de cuatro meses de las elecciones al Congreso de Colombia, le da nuevos ribetes de expectativa y pone en vilo al país frente a lo que pueda ocurrir con el cumplimiento de lo que será un fallo del proceso que se sigue por una presunta violación de topes electorales en primera y segunda vuelta de la campaña del presente Gustavo Petro Urrego.
El voto que faltaba para lograr una mayoría absoluta, llegó. El 13 de noviembre pasado, 5 magistrados ya habían apoyado la ponencia de Benjamín Ortiz y de Álvaro Hernán Prada, magistrados que llevan la investigación del caso. Con la salida de la magistrada Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico, recusada por ser testigo electoral de esa colectividad; y Álvaro Echeverry de Colombia Justa Libres, se logró el consenso.
El CNE concluyó que la campaña Presidencial de 2022 vinculada a Petro, excedió los topes de financiación permitidos.
La votación definitiva fue 6-3, con respaldo de la ponencia elaborada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.
Los sancionados fueron varios de los responsables financieros y logísticos de la campaña: el gerente de campaña en 2022, Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol, junto con la tesorera, la auditora, y otros miembros encargados de la financiación.
Pero también fueron incluidos los partidos que integraron la coalición —Colombia Humana y Unión Patriótica— lo que obliga a meditar al Gobierno de Petro y su base política. La reacción no debe ser solo de defensa. Llegó el momento para aprovechar y formular un llamado urgente a la autorregulación, rendición de cuentas y transparencia en futuras campañas.
Por el momento el presidente Gustavo Petro Urrego, queda por fuera de las decisiones del CNE, debido a su fuero presidencial, solo la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes podría definir su futuro.
La decisión puede agravar la polarización: para la oposición, representa un triunfo en la lucha contra la financiación irregular; para simpatizantes del Gobierno, un acto de venganza política. Es probable que en redes, medios y parlamento resurja una ofensiva retórica que tensione aún más el ambiente político.
El abogado guajiro, José Abuchaibe Escolar fue uno de los primeros en presentar una querella en contra de lo que calificó en su momento, como una clara violación de los topes electorales. La decisión del CNE parece darle la razón, pero su demanda está, como es lógico, en la Cámara de Representantes.
Ojalá que esta decisión no sea causa para afectar los caminos hacia las elecciones del 8 de marzo, en donde el país elegirá a los nuevos congresistas, y algunos partidos realizarán sus consultas.