La Defensoría del Pueblo, ya advirtió que el departamento de La Guajira es uno de los que presenta un alto riesgo para las elecciones del próximo año, cuando se elegirá un nuevo presidente, senadores y representantes a la Cámara.
La situación es delicada y compleja, y tiene que ver con la presencia de grupos al margen de la Ley en el territorio.
En el informe de la Defensoría, se precisa que municipios como La Jagua del Pilar, Uribia, Riohacha, Barrancas, San Juan del Cesar, Albania, Urumita, Villanueva y Dibulla, se encuentran en un riesgo alto.
La propia defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó que la situación más crítica se presenta en los municipios de La Jagua del Pilar donde se requiere una acción urgente. Al tiempo advirtió que se requiere de una acción prioritaria de las instituciones en varios municipios como Uribia, Riohacha, Barrancas, San Juan del Cesar, Albania, Urumita, Villanueva y Dibulla.
La situación tiene que ver con la tensión y un conflicto armado entre el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra, además del Ejército de Liberación Nacional que tienen presencia en varias zonas de La Guajira.
Es decir La Guajira enfrentará un proceso electoral en medio de un clima de inseguridad que no permitirá que los candidatos puedan moverse con tranquilidad para compartir sus propuestas, como también un electorado con miedo para asistir a los centros de elección.
La alerta de la Defensoría del Pueblo y de la Misión de Observación Electoral, debe ser objeto de un serio análisis por parte del Gobierno nacional para que brinden las garantías que sean necesarias al departamento de La Guajira para que se garantice el desarrollo de las elecciones.
En tanto, las autoridades del Departamento deben hacer causa común para seguir exigiendo al Gobierno nacional las garantías de seguridad que se requieren para que las elecciones se cumplan sin mayores traumatismos.
Como muy bien lo expresó la Defensora, existe una fuerte presión de los grupos que se caracterizan por diferentes niveles de gobernanza ilegal que afecta a las comunidades, y tiene la potencialidad de incidir en los procesos electorales.