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Es muy lamentable la aberrante situación que se vivió en La Guajira durante el año 2023, como consecuencia de los frecuentes bloqueos ilegales que se presentaron por doquier en este territorio, sin la mínima gestión de las autoridades para prevenirlos. Una total demostración de total irrespeto del derecho a la libre movilidad de las personas, y del derecho de las empresas privadas y de las entidades públicas a funcionar normalmente.
Es desconcertante la indiferencia de las autoridades nacionales y locales, de los líderes gremiales, políticos y sociales, y de la opinión pública en general, frente a estos hechos que violentan el estado social de derecho y que generan tantos daños y pérdidas a todos.
Sólo Cerrejón sufrió más de 230 bloqueos de su operación en ese año. No contentos con eso, la ONG que ostenta el pomposo nombre de ‘Nación wayuu’, se dio el gusto de paralizarla durante el cierre del año anterior y principio del nuevo, al realizar impunemente dos bloqueos consecutivos, por causas totalmente ajenas al control esta empresa. De hecho, esos bloqueos concluyeron luego de que el secretario de Gobierno departamental conversara con sus líderes. La reflexión es: ¿por qué sí actuaron cuando el daño ya estaba hecho, pero no lo previnieron?
Pero, además, no se hacen las respectivas reparaciones o compensaciones de las cuantiosas pérdidas ocasionadas a la empresa, por las exportaciones de carbón que le impidieron realizar, ni por las afectaciones a las comunidades asentadas a lo largo de la línea férrea por no poder recibir la preciada agua, que se les provee a través del tren.
Es admirable la resiliencia de la organización Cerrejón, pues además de los ataques del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Petro -como cuando en la asamblea de la ONU del 2022 manifestó que el carbón era comparable al veneno y a la cocaína, o cuando la responsabilizó de la muerte de los niños indígenas por desnutrición- y de los múltiples bloqueos que impiden sus operaciones, también sufrió recientemente un atentado terrorista a su línea férrea. Esos hechos adversos, pero sobre todo ajenos a ella, no impidieron que continuara generando beneficios sociales a las comunidades y contribuyera con sus cuantiosos aportes a las finanzas públicas, mediante los impuestos, pero especialmente a través del histórico incremento de las regalías generadas por el sector minero en 2023.
Sea esta la oportunidad para nuevamente invitar a los líderes de los frecuentes bloqueos a reflexionar sobre las consecuencias que generan sus actos en la vida de sus paisanos más necesitados y vulnerables, pues si bien es cierto que algunas protestas que se presentan en La Guajira buscan presionar las soluciones a las precarias situaciones que sufren muchas comunidades, también es conocido que con frecuencia se realizan sin justificaciones claras o insuficientes, generando costosos perjuicios al bienestar colectivo.
Los guajiros, como parte de una sociedad civilizada, debemos tener claro que nadie tiene el derecho a interrumpir las oportunidades de trabajo y de vida de los demás. El dialogo es, y será siempre, el camino más efectivo para resolver los conflictos.
