Cuando se suscribió el Acuerdo de Paz en La Habana, en el punto No.1 se estableció el compromiso del Estado de ejecutar un plan de inversiones para acabar con la pobreza en el campo, dignificar el trabajo de los campesinos y lograr una mejor calidad de vida en las zonas rurales.
Uno de estos compromisos es adjudicar tres millones de hectáreas a campesinos sin tierras o con tierra insuficiente. El presidente Gustavo Petro dijo esta semana que para comprar esas tierras se requieren aproximadamente 20 billones de pesos en los próximos cuatro años y que había que conseguirlos con más impuestos a las grandes compañías. En verdad, no se requiere más carga fiscal, ese programa se puede financiar con los recursos de la banca privada a un plazo de 20 años y tasas de interés que no superan el IBR+2% efectivo anual. Voy a explicarle cómo hacerlo.
La Junta Directiva del Banco de la República expidió en el año 2000 la Resolución Externa No. 3, la cual le impone a los establecimientos de crédito “efectuar y mantener” inversiones en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), que emite Finagro. En la reciente Carta Circular de la Superintendencia Financiera se estimó un monto de inversión de 14,2 billones de pesos, en TDA clase A y B. En lenguaje parroquiano, esto significa que los establecimientos de crédito deben colocar de sus recursos propios 14,2 billones de pesos en créditos para pequeños, medianos y grandes productores del sector agropecuario, ya sea directamente a través de Finagro. Lo único que debe hacer el Gobierno es modificar la destinación de esos recursos. Los TDA clase A los puede destinar para financiar compra de tierras y los TDA clase B para financiar los proyectos productivos. Con ello el sistema financiero haría su aporte económico y social al campo colombiano.
Otro compromiso asumido en dicho acuerdo es la formalización de los predios rurales. Según el director de la Agencia Nacional de Tierras, existen 7 millones de predios sin formalización de sus títulos. Como el trámite cuesta alrededor de 3 millones de pesos y las familias campesinas solo tienen ingresos promedios de $750.000 mensuales, le toca al Estado asumir este costo. ¿Cómo conseguir esos recursos? Entre enero de 2021 y julio de 2022 el sector de los hidrocarburos y minero aportaron 16,8 billones de pesos de regalías. Con las regalías de medio año se financia el 100% del programa de formalización de predios rurales y el 100% de los costos del Catastro Multipropósito. Con ello, los sectores de los hidrocarburos y minero harían también su aporte social y económico a la población del campo.
El tercer compromiso de inversión es la dotación de bienes públicos territoriales para solucionar el problema del mal estado de las vías rurales; la insuficiencia de distritos y canales de riego; la falta de electrificación y conectividad digital rural. Claramente, para este paquete de inversiones, a la ministra de Agricultura, Cecilia López, le va a tocar hacer una ‘vaca’ con los entes territoriales y los ministerios de Transporte, Vivienda, Educación, Minas y MinTIC.
La próxima semana plantearé una alternativa para financiar las inversiones en dotación de activos productivos.
