El pasado martes 13 de septiembre, la ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció al país una adición al presupuesto del sector para el año 2023 de 1.3 billones de pesos que había dejado presupuestado el gobierno de Duque, el de Petro lo subió a $4.2 billones.
Con estos recursos, el gobierno quiere implementar la Reforma Rural Integral (RRI), del Acuerdo de Paz en La Habana. Para el conocimiento de todos, la RRI tiene como objetivo principal reducir la pobreza y desigualdad en la población rural del país. Para ello han establecido varias acciones concretas que van a requerir un cambio radical en la distribución del presupuesto del Ministerio y sus entidades adscritas y vinculadas con el fin de optimizar los recursos y lograr un mayor impacto social y económico en el corto plazo.
La clave para hacer rendir esa platica está en: I) Bajar al 30% los gastos de funcionamiento y subir al 70% los de inversión. II) Ejecutar la mayoría de los programas a través de convenios de cofinanciación con los recursos de regalías que manejan las gobernaciones y municipios, y III) Direccionar las ayudas, subsidios e incentivos a través de cooperativas agrarias o núcleos agroindustriales. Miremos algunos ejemplos.
Las estadísticas oficiales muestran que de cada 100 pequeños campesinos, 54 no tienen sus títulos al día. La informalidad en la tenencia de la tierra es un problema que impide a los productores del campo acceder a recursos de crédito e incentivos del Estado para desarrollar proyectos productivos rentables y sostenibles. Si ya sabemos que la mayoría de estos campesinos tienen ingresos por debajo de los $700.000 mensuales, y el trámite para facultarlos legalmente como titulares de sus predios les cuesta alrededor de tres millones de pesos, pues, el Ministerio de Agricultura, gobernadores y alcaldes, deberían constituir un fondo común y subsidiarles el 100% de esos gastos.
La misma alianza podría funcionar para arreglar los 100.748 kilómetros de vías rurales que están a cargo de los municipios y para construir presas, reservorios, canales de riego, plazas de mercados, infraestructura de secamiento y almacenamiento de materias primas. Las interventorías de esos contratos deberían adjudicárselas a las juntas comunales o usuarios de esos bienes públicos.
Para la prestación del servicio gratuito de asistencia técnica agropecuaria y formación en Buenas Prácticas Agrícolas, el Ministerio de Agricultura puede crear un fondo financiado con recursos del presupuesto, aportes parafiscales de los productores y un aporte igual por parte de cada uno de los integrantes de la cadena agroalimentaria. Es decir, por cada peso que ponga el gobierno y los productores del campo, la agroindustria y comercializadores de alimentos, materias primas, insumos, maquinaria y equipo, ponen otro.
Los recursos de ayudas, incentivos y subsidios para fomentar la inversión en sistemas de silvopastoreo, enmienda de suelos, riego y drenajes, compra de maquinaria y equipos, adopción de biotecnologías, cobertura de riesgo climático y de precios futuros de mercado, rinden más y tienen mayor impacto en la productividad y formalidad del sector si se condicionan a productores integrados a una asociación, cooperativa o núcleo agroindustrial. Una respetuosa sugerencia final, no compren tierras para regalar tierras, financien proyectos productivos para adjudicar riqueza.
