La conexión Alta Guajira Uribia-Puerto Bolívar-Punta Estrella-Vías Wayuú-Cabo de la Vela, San Martín que tiene un valor de $280.880 millones de pesos se encuentra en riesgo de parálisis debido a las deudas que tiene el Instituto Nacional de Vías, Invías, con constructores, consultores e interventores de obra.
Así lo señaló el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Regional Norte, Héctor Carbonell luego de un primer análisis de la situación. El dirigente gremial señaló que en total se verían afectadas ocho obras clave para el desarrollo de la Región Caribe.
Los proyectos que serían afectados en esta zona del país son la conexión Puente Pumarejo-Ciénaga y viaductos, con un valor de $657.000 millones de pesos., la variante Magangué y Transversal Momposina (Puerta del Hierro – El Burro), en Bolívar, Magdalena y Cesar con un valor de $221.000 millones de pesos, y el corredor Santa Lucía-Moñitos en Córdoba, con un valor de $178.000 millones de pesos.
También podrían paralizarse Puente Ayapel – Pueblo Nuevo, en Córdoba; Barranquilla – Puerto Colombia, en Atlántico; Transversal del Sur, en Bolívar; y Mompox – Pinillos, también en este último departamento, obra incluida en el programa Colombia-Avanza.
La deuda de Invías a nivel nacional con constructores, consultores e interventores de obra supera el billón de pesos y corresponde a obras ya ejecutadas. Por la parálisis de los proyectos se afectarían además proveedores de esas firmas y un significativo número de trabajadores de las regiones mediante encadenamientos productivos dada la generación de empleo directo, indirecto e inducido que genera el sector de infraestructura, y también los de servicios complementarios como restaurantes, hoteles y otras fuentes de ocupación.
Para superar la situación
Como fórmula para superar la situación, la Cámara Colombiana de la Infraestructura planteó hacer una sustitución de fuente, usando el medio billón de pesos que Invías ha recogido en un fondo manejado por Fiduprevisora, provenientes de los excedentes de contratos de concesión que han finalizado y destinados por el Gobierno nacional a futuro para ejecución de obra pública.
La propuesta es retrasar esa ejecución mientras el Ministerio de Hacienda consigue flujo de caja, y con esos recursos, más los $100.000 millones que tiene el Invias para atender esas obligaciones, reunir una bolsa de $600.000 millones para pagar buena parte de las deudas. Cabe destacar que para canalizar esos recursos y validar ese camino, se debe hacer una revisión de su viabilidad a la luz de la Ley presupuestal.
