El líder de la oposición, Iván Cepeda, lanzó fuertes cuestionamientos contra las primeras medidas anunciadas por el presidente electo Abelardo De La Espriella, al considerar que varias de sus propuestas en materia de seguridad y orden público podrían representar, según su análisis, la configuración de un modelo de gobierno con características paramilitares.
Cepeda aseguró que su señalamiento responde al análisis de iniciativas como la creación de bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad con participación de veteranos y reservistas de las Fuerzas Militares. El dirigente político sostuvo que estas personas no forman parte de la Fuerza Pública en ejercicio de funciones y, por tanto, cuestionó que puedan asumir responsabilidades relacionadas con el uso de la fuerza y el mantenimiento del orden público.
El senador advirtió que la delegación de este tipo de funciones a particulares podría representar un riesgo para el Estado de derecho. En ese sentido, recordó las consecuencias que, a su juicio, han dejado en Colombia las estructuras armadas paralelas, señalando que estas han estado asociadas históricamente con escenarios de violencia, arbitrariedad e impunidad.
Otro de los puntos cuestionados por Cepeda fue el anunciado regreso del ESMAD y la eliminación de la UNDEMO. Para el líder opositor, restablecer el antiguo escuadrón antidisturbios supondría un retroceso en materia de garantías para la protesta social y una amenaza para la democracia, debido a los cuestionamientos por violaciones de derechos humanos que marcaron la actuación de esa unidad en diferentes movilizaciones del país.
Cepeda también se pronunció sobre la propuesta de construir diez megacárceles privadas mediante concesiones. Esta iniciativa forma parte de las medidas anunciadas por el mandatario electo y se suma a los temas sobre los cuales el dirigente opositor pidió especial vigilancia de organismos nacionales e internacionales.
Finalmente, el senador hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que hagan seguimiento al desarrollo de las medidas anunciadas y observen las actuaciones del próximo gobierno en materia de seguridad, orden público y garantías fundamentales.
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