El alcalde del Distrito de Riohacha, Genaro Redondo, se presentó al Comando de Policía de La Guajira, en cumplimiento de una orden de desacato impetrada por el Juzgado Tercero con funciones de control de garantías, en el marco de un proceso que se viene adelantando a través de las acciones realizadas en el puesto de mando unificado, para que no se vulneren los derechos de las familias asentadas en un predio privado.
Este medio de información, conoció que este miércoles la administración distrital cumplirá con la orden de desalojo en cumplimiento de una acción judicial para devolverle el predio que reclama Idania Rodríguez Mindiola, y en donde se asentaron más de cuatrocientas familias entre wayuú y migrantes.
Mientras el alcalde Genaro Redondo Choles, cumple con la acción judicial, se encuentra encargado del despacho, el secretario de Obras Públicas, Jaime Bruges. Cabe recordar que esta situación viene del año 2018, cuando la señora Rodríguez Mindiola, presentó querella por perturbación a la posesión sobre el predio denominado Las Cabeceras, ubicado en el paraje La Laguna, zona rural de Riohacha.
A partir de ese momento se inició todo el proceso legal para atender la reclamación de la dueña del predio, en tanto las familias allí asentadas representadas por la organización Sumaain también reclamaban la propiedad.
En tanto, el alcalde Genaro Redondo, en respuesta a las familias asentadas intentó una salida humanitaria acompañado en su momento por la Defensoría del Pueblo que interpuso una acción de tutela el pasado 31 de marzo de 2025, ante el Tribunal Superior de Riohacha siendo admitida en la cual suspendía cualquier medida de desalojo contra los habitantes del predio en litigio.
En ese mismo sentido, el Tribunal, el 11 de abril de 2025, negó la acción de tutela, instaurada por el defensor del Pueblo, Juan Camilo Morales Salazar, y Carlos José Uriana, en calidad de autoridad tradicional de la comunidad indígena Sumaain.
El 28 de abril, la Defensoría del Pueblo y la Autoridad Tradicional Carlos José Uriana impugnaron la acción de tutela que negó el Tribunal De esta manera, el dos de mayo de 2025, el Juzgado Tercero Penal con funciones de control de garantías ratifica la sanción por desacato y ordena a la Policía Nacional hacer cumplir la orden.
