Un nuevo debate sobre los límites del poder presidencial y la autonomía de los entes territoriales se ha generado en el país, tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en torno a posibles medidas contra alcaldes, lo que ha generado cuestionamientos sobre el alcance de sus facultades frente a autoridades locales.
Durante una entrevista en Cardenal Stereo, el abogado José Manuel Abuchaibe explicó que, en el ordenamiento constitucional colombiano, el presidente de la República no tiene facultades para destituir mandatarios locales. Según indicó, los alcaldes y gobernadores gozan de autonomía territorial y solo pueden ser separados de sus cargos mediante decisiones judiciales o disciplinarias, principalmente por parte de la Procuraduría General de la Nación.
El jurista fue enfático en señalar que en Colombia prevalece el principio de autonomía territorial, lo que impide que el presidente ejerza control jerárquico sobre los mandatarios elegidos por voto popular. “Jurídicamente es imposible. Los alcaldes solo pueden ser despojados de su investidura mediante decisiones judiciales o de la Procuraduría”, explicó.
Por otro lado, el abogado también hizo referencia a las recientes medidas relacionadas con el impuesto predial en zonas rurales. De acuerdo con lo expuesto, un decreto impulsado desde el Gobierno Nacional habría generado efectos desiguales en su aplicación, provocando inconformidad entre sectores campesinos. “Hay casos donde campesinos están pagando hasta cinco millones de pesos, mientras grandes propietarios no alcanzan los 500 mil. Esto ha generado un evidente desequilibrio”, sostuvo.
La intención inicial de la medida, orientada a que grandes extensiones de tierra contribuyan de manera más equitativa, habría derivado en distorsiones en su implementación.
Este escenario ha abierto la puerta a un posible choque de competencias entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales, especialmente en lo relacionado con la gestión tributaria y la autonomía fiscal de los municipios.
Frente a este panorama, Abuchaibe plantea la necesidad de establecer canales de diálogo entre el Ejecutivo, las autoridades territoriales y los sectores sociales afectados, con el fin de revisar las medidas adoptadas, corregir posibles fallas y evitar una escalada en la conflictividad.
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